Los últimos atentados en París, el avance del Estado Islámico (Siria e Iraq) y el papel cada vez más predominante que China tiene en la geopolítica y el mercado global, han obligado al presidente del gigante asiático, Xi Jinping, a redactar la primera ley antiterrorista para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos. No obstante, el bosquejo de esta normativa ha sido revisado por diversas instituciones de derechos humanos, empresarios y otros gobiernos los que han expresado su preocupación por la ‘crudeza’ de la primera ley de este tipo en la historia china.
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Y es que, el borrador de la norma implica una fuerte injerencia en el control del flujo de información que se publicará en el país, así como también la intromisión del gobierno en el ciberespacio y una plétora de exigencias para las empresas que arriben a China.
Por ejemplo, de ser aprobada tal y como está en estos instantes, la legislación antiterrorista obligará a las empresas tecnológicas a proveer al Estado de información sobre sus usuarios, con la amenaza de ser expulsados del país si no lo hacen.
Así también -en otra cláusula- la norma prohíbe a cualquier persona o colectivo a ‘fabricar’, ‘difundir’ o ‘publicar’ “información sobre incidentes o detalles de actividades terroristas que puedan conducir a su imitación”, poniendo coto a las actividades de los medios de comunicación y a los usuarios de las redes sociales.
“La definición de terrorismo y extremismo en esta ley es muy vaga. Un comportamiento considerado extremista podría incluir cualquier crítica a las políticas, normas y reglamentos oficiales. El proyecto podría dar a las autoridades más herramientas para censurar la información no deseada y criminalizar a aquellos ciudadanos chinos que informen sobre incidentes terroristas. Como acabamos de ver en el juicio contra [el abogado defensor de los derechos humanos] Pu Zhiqiang, las autoridades están dispuestas a perseguir penalmente a cualquier persona que se atreva a cuestionar la guerra contra el terrorismo o las políticas hacia las minorías étnicas”, advierte William Nee, investigador de Amnistía Internacional, al diario El País de España.
Y, aunque el gobierno ha prometido que no divulgará la información de sus ciudadanos y no abusará de las facultades concedidas por la normativa, las suspicacias que ha generado podrían influir para que se modifiquen algunos aspectos de esta. Por ahora, el proyecto de ley sigue encarpetado, aunque su promulgación -según fuentes oficiales- es cuestión de tiempo.