La Organización Mundial de la Salud ha reconocido al COVID-19 como una pandemia mundial y pidió a los estados tomar acciones agresivas y urgentes para contrarrestar sus impactos. Sin embargo, también exhorta a los países a encontrar un balance para proteger la salud de sus ciudadanos, minimizar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Por ejemplo, algunos derechos, como el de la libertad de tránsito, están siendo restringidos con el fin de protegernos. No obstante, este tipo de medidas deben ser proporcionales y de duración limitada, pues podrían estar afectando otros derechos fundamentales. Resulta esencial, entonces, que las estrategias sanitarias aplicadas, evalúen cuidadosamente los potenciales impactos negativos sobre los derechos humanos.
¿Cómo pueden vulnerar los estados los derechos humanos?
- Tomando medidas y políticas que afectan los derechos y libertades
- ¿Las medidas tomadas son necesarias, legales y proporcionadas?
- ¿El gobierno toma medidas para proteger a grupos vulnerables, como migrantes, comunidades indígenas, poblaciones en situación de pobreza?
- Durante el distanciamiento social, ¿se toman medidas para evitar y prevenir el abuso de la fuerza y la violencia?
- Desprotegiendo a las personas contra daños previsibles de la pandemia
- ¿Se cuenta con atención médica de calidad, asequible y de igual acceso para todos sin discriminación?
- ¿Se está reduciendo las barreras de atención médica para personas que viven en pobreza y otros grupos históricamente marginados?
- ¿Los trabajadores de salud, militares, policías, personal de limpieza, entre otros cuentan con equipos de protección personal (EPP) adecuados?
- No exigiendo una conducta empresarial responsable
- ¿Se están tomando medidas para evitar los despidos masivos e ilegales?
- ¿Se exige a las empresas tomar medidas para evitar el contagio del virus?
- ¿Se exige a las empresas tomar medidas preventivas para asegurar que la salud de los consumidores y otros grupos de interés no esté en riesgo por sus operaciones?
Las grandes diferencias socioeconómicas entre las regiones hacen visible los desafíos que afrontan los gobiernos para afrontar esta crisis. Especialmente, en América Latina, considerada la región más desigual del mundo. Sin embargo, esta crisis puede ser también una oportunidad para instaurar un enfoque de análisis centrado en los derechos humanos.
En el Perú, el gobierno tuvo una rápida respuesta a la crisis decretando estado de emergencia para evitar la propagación del virus. Sin embargo, los esfuerzos que se vienen realizando para asegurar el bienestar público son insuficientes dada la desigualdad preexistente y la informalidad en el país. Estas características hacen que las medidas se centren en el sector formal dejando de lado a miles de personas. Lo que a su vez repercute en el acceso a derechos humanos básicos como salud universal, educación de calidad y vivienda digna. Es importante aceptar que si bien estamos bajo la misma tormenta, no todos vamos en el mismo barco. Algunos van en lancha y otros en bote y, bajo estas circunstancias, muchos podrían naufragar.
La siguiente semana conversaremos sobre el rol de la empresa y los derechos humanos en la coyuntura del COVID-19.
Bibliografía
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Fuente: Responde.
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