¿Cómo bajar el IGV?, por Pablo Ferreyros

985

Hasta la semana pasada, parecía que la discusión sobre bajar el IGV a 17% iba a dejarse para más adelante.  Una sorpresiva decisión de hace unos días, sin embargo, dio a entender que sí había disposición para correr el riesgo. El inicio de la reducción será en julio de este año. La pregunta, ahora, es cómo hacerla bien.

El gobierno tiene claro que no vale la pena complicar más nuestra situación fiscal, sobre todo cuando otra de sus metas es reducir el déficit en que esta se encuentra. Así, se ha puesto como condición que la recaudación por IGV no baje del 7,2% del PBI. La cifra es ligeramente mayor a la del año pasado. ¿Será posible?

 

Una primera manera de lograrlo sería que el 1% de IGV dejado de recaudar en cada venta se compense con el crecimiento de la demanda interna (entiéndase, con más ventas). El solo hecho de reducir el IGV contribuirá en algo a ello. Sin embargo, ir más allá se complica por la contracción de la inversión privada y del empleo. A esto se suma la actual dificultad para hacer política expansiva, explicada por un déficit fiscal pendiente de reducción y una inflación fuera del rango meta.

Existe, no obstante, una  segunda forma: la ampliación de la base tributaria. El gobierno espera que al bajar el IGV se expanda el sector formal, aumentando el número de ventas que pagan impuestos. La expectativa es pertinente: la informalidad tiene como causante, además de la baja productividad, a los altos costos de la formalidad. Al reducirse estos últimos, la formalidad se volverá rentable para algunos. Pero, ¿serán suficientes?

 

Ser formal tiene costos de acceso y de permanencia. Entre los primeros están los trámites y procesos administrativos requeridos para –por ejemplo- constituir una empresa. Entre los segundos, las cargas tributarias y regulaciones laborales. Bajar el IGV solo es reducir una parte de los costos de permanencia. Ampliar la cantidad de contribuyentes de manera que compense la menor recaudación seguramente requiera más que eso. Afortunadamente, estamos ante un gobierno que – a diferencia de otros- lo entiende bien.

Lo más remarcable de lo hecho hasta ahora en este sentido está en lo administrativo. Ahí, por ejemplo, se han estandarizado  procedimientos a nivel nacional e implementado mecanismos de control para evitar nuevas trabas. Pese a ciertos aspectos criticables, también ayudarán a reducir los costos de ser formal algunas de las recientes medidas tributarias. Mención especial merece la que redirige los incentivos de los empleados de la Sunat hacia, justamente, ampliar la base tributaria.

La gran ausente, no obstante, es la reforma laboral. Nuestro país es puesto 130 de 138 en flexibilidad de prácticas de contratación y despido, según el WEF. El costo mínimo de mantener formalmente empleado a un trabajador, asimismo, es menor a la productividad media. Estas condiciones dificultan significativamente ser formal, amenazando a esas empresas a las que se busca formalizar con costos que muchas veces no es rentable  ni posible asumir.

 

De momento, es positivo  lo hecho con la simplificación administrativa y parte de las medidas tributarias. Si bien lo laboral queda de lado, se entiende que reformar en este aspecto sea más difícil que en los otros, dados los extendidos prejuicios y el alto costo político. Sin embargo, si el gobierno va en serio con la reciente propuesta de subir el sueldo mínimo –esta vez a novecientos soles-, terminaría deshaciendo con una mano lo que busca construir con la otra.

Lucidez no necesariamente comparte las opiniones presentadas por sus columnistas, sin embargo respeta y defiende su derecho a presentarlas.