Cómo prevenir los excesos interpelatorios, por Pablo Ferreyros

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“Han caído ministros que han sido censurados en esta misma Sala por no saber el precio de los pallares en el mercado de Ica y esto no es posible admitir en un país que quiere ser serio”
Carlos Torres y Torres Lara, 1993


“Señor presidente, yo quisiera preguntarle al señor ministro si sabe cuál es el precio oficial de los pallares en la Ica y cuál es el precio oficial de ese mismo artículo en Lima”; preguntó el diputado aprista Alfredo Saco Miro Quesada. Se dirigía al ministro Enrique Basombrío. Era el año 1945 y el titular de Agricultura del entonces presidente Bustamante y Rivero estaba siendo interpelado en el parlamento.

“Señor presidente”, contestó el ministro Basombrío, “declaro enfáticamente que mi mente, que tiene tantas cifras y tantos problemas, no puede retener precios específicos de cien productos alimenticios en cien puntos del país. Lo declaro hidalgamente, no podría decir cuáles son esos precios”.

La respuesta fue seguida de aplausos. Pero el diputado Saco Miro Quesada contraatacó: “Desde luego, señor presidente, que yo sabía que el señor ministro no conocía esos precios (…). Quería hacerle la pregunta para después darle yo mismo la respuesta”. Tras las risas, procedió a explicar que, según las listas oficiales de precios, los pallares costaban más en Ica, donde eran producidos, que en Lima. Al verse desaprobado por la bancada que había promovido su interpelación, la Célula Parlamentaria Aprista, el ministro Basombrio renunciaría seis días después, sin llegar a cumplir dos meses en el cargo[1].

 Este incidente, además de del absurdo que suponen los controles de precios, fue ejemplo -el más conocido de ese entonces- de la actitud del parlamento para con el ejecutivo liderado por Bustamante y Rivero. Ocho días después renunciaría en circunstancias similares el ministro de economía, Rómulo Ferrero. A ello sucederían luego la llamada dictadura parlamentaría, el receso legislativo (donde a falta de quorum se tuvo que gobernar por decretos-ley), la formación de un gabinete compuesto por militares para intentar demostrar firmeza ante el APRA y, finalmente, el golpe de Odría.

La interpelación, mecanismo parlamentario de control político de origen francés, existe en nuestro ordenamiento desde 1860. Adaptándose a nuestro presidencialismo, ha funcionado en general bien. Sin embargo, a mediados del siglo pasado hubo dos episodios en los que se prestó a excesos que terminaron haciendo caer a los gobiernos que los sufrieron. El primero, ya lo comentamos, fue durante el gobierno de Bustamante y Rivero, entre 1945 y 1948. El segundo, durante el primer mandato de Belaunde, entre 1965 y 1968. Ambos interrumpidos abruptamente por golpes militares.

Cierto paralelismo hay con el momento actual, más allá del apellido Basombrío. Son ya dos los ministros que han sido censurados este primer año (Saavedra y Vizcarra) y tres más los que deberán atravesar el callejón oscuro la semana que viene. Thorne ya empezó a transitarlo hace dos días, Basombrío tiene su cita programada para el miércoles y Patricia García no debería tener que esperar mucho para que también a ella le separen una fecha.

Ciertamente hay diferencias a considerar entre los sucesos del siglo pasado y los de hoy. Cabe esperar ahora que el fujimorismo sea una oposición más constructiva que la aprista, condicionado como está por el prospecto de las próximas elecciones y por su estigma anti institucional. Cabe esperar también que este gobierno acabe sus cinco años y que las siguientes elecciones sean democráticas, en tanto el ejercito tiene menor fuerza, hay más consenso en torno a la democracia y la estabilidad del país es mayor.

Sin embargo, los excesos revocatorios siguen trayendo al menos dos riesgos: dificultar la gobernabilidad del país y alimentar políticamente a nuestra poco modernizada izquierda. Si bien esta participa gustosamente de ellos, la carga principal la asume con mucho el fujimorismo, mayoría absoluta. Y es precisamente entorno a la oposición contra este grupo político -y a la asociación entre sus ideas y el autoritarismo- que pretenden consolidarse un número de agrupaciones socialistas sin cohesión propia.

Para hacer frente a situaciones como esta, sin embargo, ya se han propuesto mecanismos, que solo sería cuestión de afinar. Terminada la dictadura militar a la que dio lugar el debilitamiento del primer gobierno de Belaunde, la nueva Constitución, de 1979, incorporó una versión light de la interpelación: la invitación a informar. Esta, que aún se mantiene, permite al ministro solicitarla anticipadamente para intentar evitar una interpelación -y así una eventual censura-.

La idea es buena, pero -como venimos viendo- no funciona a cabalidad. Para ello, consideramos, sería útil ponerla como un trámite previo a la interpelación, necesario para los casos en que los ministros no hayan cometido delitos probados (casos para los que, por lo demás, un mecanismo de control político como la interpelación tampoco es la mejor opción). De esta manera, se obligaría a que el proceso sea un tanto más largo y razonado, permitiendo enfriar cabezas calientes y evitando su uso impulsivo.

Bien le convendría al fujimorismo implementar esta modificación. Recordemos, después de todo, que ni en 1948 ni en 1968 fueron las mayorías parlamentarias las que cosecharon los frutos políticos del debilitamiento de los ejecutivos.

[1] Gálvez, José Francisco y Enrique García Vega. 2016. Historia de la presidencia del consejo de ministros: Democracia y buen gobierno. Tomo I. Lima: PCM.

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