Congreso aprobó norma que establece requisitos para designar funcionarios y personal de confianza

El pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que establece requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio de funcionarios públicos de libre designación y remoción, y personal de confianza.

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La noche de ayer, el pleno del Congreso aprobó un texto sustitutorio de los proyectos de ley 149 y 184. Este propone establecer requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio público de funcionarios de libre designación y remoción, y personal de confianza.

Fueron 76 congresistas quienes apoyaron la iniciativa, sustentada por la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (Fuerza Popular). Por otro lado, otros 37 legisladores votaron en contra y ninguno lo hizo en abstención.

Posteriormente, el pleno exoneró el proyecto de ley de una segunda votación, con 79 votos a favor, 38 en contra y cero abstenciones. Con ello, el nuevo dictamen será enviado al Poder Ejecutivo para su revisión y eventual promulgación, en caso no opte por observarlo.

El dictamen aprobado contempla múltiples requisitos mínimos para acceder a los siguientes cargos: viceministro; secretario general de ministerios; y titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de libre designación y remoción de los organismos públicos del Poder Ejecutivo.

Además, se establecieron requisitos para ejercer a los cargos de gerente general regional, gerentes regionales o directores regionales de gobierno regional; gerentes municipales de los gobiernos locales provinciales y gerentes municipales de distritos de más de 250 mil habitantes.

El dictamen indica que, para acceder a cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, las personas no pueden tener una sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por delitos dolosos.

Otra restricción planteada en el documento es que, quienes hayan sido inhabilitados por el Congreso, se encuentren inhabilitados por mandato judicial o quienes hayan sido destituidos de la administración pública por falta muy grave, no pueden acceder a dichos cargos.