Congreso insiste en derogatoria de DL que permite participación de privados en gestión de bienes culturales

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El 22 de setiembre de este año, salió publicado en el diario oficial El Peruano el decreto legislativo 1198 -emitido en el marco de las facultades legislativas que el Congreso le había otorgado al Ejecutivo- que, a grosso modo, permitía la intervención de empresas privadas en la gestión de bienes culturales (léase, monumentos arqueológicos).

Como señala el texto de la norma, este permitiría que los privados se encarguen de la protección, conservación, restauración y promoción de los monumentos arqueológicos, que según datos del ministerio de Cultura, superan los 19 900 en todo el Perú.

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Apenas se dio a conocer la normativa, pobladores en Cusco se levantaron para exigir su derogación alegando que se quería ‘privatizar’ el patrimonio nacional y que tendría un impacto negativo sobre los cientos de cusqueños que viven del turismo -actividad que le genera al Estado un ingreso anual de 200 millones de soles-. Tras dos días de intensas protestas, el Legislativo aprobó -por mayoría- la derogatoria de la norma, empujando al Ejecutivo a volver atrás en sus pasos.

Ante esta acción, el gobierno de Ollanta Humala optó por observar la norma insistiendo en su vigencia hasta esta tarde, que el Congreso volvió a ratificar su eliminación.

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Aquellos legisladores que se manifestaron a favor de la derogación argumentaron que se ponía en peligro los 200 millones que le genera Cusco a las arcas peruanas por ingresos de turismo y que la propuesta del Ejecutiva sería una ‘privatización encubierta’.

Por el otro lado, parlamentarios como Javier Bedoya y Santiago Gastañadúi sugirieron que se exima a Cusco del alcance del decreto ya que en otras regiones como La Libertad, Lambayeque e Ica, la participación privada ha sido fundamental en la recuperación de zonas arqueológicas.

Bedoya, por su parte, dijo que lo prudente sería facultar a cada gobierno regional a decidir qué monumentos da en concesión.