¿Conviene derogar la Ley de Personas con Discapacidad durante una “sindemia”?, por Verushka Villavicencio

No se trata de empezar de cero sino de gestionar eficaz y eficientemente lo avanzado.

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¿Qué puede motivar a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad a lanzarse a la derogación de la Ley N° 29973 Ley General de las Personas con Discapacidad, en medio de una “sindemia”?

Es preciso aclarar que un grupo de científicos prestigiosos ha publicado en la Revista Lancent, resultados que han sido difundidos por la BBC News Mundo, aclarando la real situación del COVID 19 en el mundo.

Sucede que desde su aparición, el COVID 19 ha recibido el tratamiento de una “pandemia”. Entonces la OMS, recomendó el corte de las vías de transmisión viral y los estados en todo el mundo procedieron a cierres de fronteras; restricciones de movilidad; toques de queda; prohibiciones de clases presenciales en colegios y universidades; cierres temporales de comercios y servicios; distanciamientos sociales; entre las acciones más importantes. Todas estas medidas responden a estrategias epidemiológicas que se basan en modelos matemáticos probados a lo largo de la historia de la medicina. Pero nada de esto ha dado resultados efectivos. Europa vive su segunda ola.

Una mirada diferente para el abordaje, ha sido publicado por un grupo de científicos en la prestigiosa revista médica “The Lancent”. Han catalogado al COVID 19 como una “sindemia”. El término fue acuñado por el antropólogo Merrill Singer cuyas palabras clave combinan la palabra “sinergia” que significa cooperación -en el argot médico-, y la palabra “pandemia”, que define una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países. Esta interacción causa un daño mayor pues congrega condiciones sociales y ambientales que hacen que la población sea más vulnerable a contraer la enfermedad. Las personas con enfermedades previas como cáncer, diabetes, obesidad o problemas cardíacos, son los más vulnerables al COVID 19 así como las minorías étnicas y las personas de bajos ingresos, sobre todo, las que viven en condición de pobreza y pobreza extrema. Más aún, las personas con discapacidad. Tenemos mil millones de personas en el mundo y de ellas un tercio tienen estos padecimientos, según la OMS. No se trata sólo de la enfermedad, sino del contexto social y las determinantes que no permiten que se accedan a la salud y a una buena alimentación.

“El COVID-19 es una sindemia de infección por coronavirus combinada con una epidemia de enfermedades no transmisibles, ambas interactuando sobre un sustrato social de pobreza y desigualdad”, así lo define la síntesis del informe de The Lancent.

De esta forma, para combatir al COVID-19 deben crearse políticas públicas en salud, educación, empleo, transporte, trabajo que asociadas con objetivos comunes que liberen a los ciudadanos de aquellas condiciones que acentúan los riesgos para la extensión del virus. Pero, la creación de estas políticas públicas deben encontrarse su base en aquellas que han demostrado ciertos grados de avance que permitan un escalamiento. No se trata de empezar de cero sino de gestionar eficaz y eficientemente lo avanzado.

Una política pública que inició el proceso para cambiar el enfoque de atención a las personas con discapacidad fue la Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad. Fue gestada con una consulta previa a las personas con discapacidad en todas las regiones y recolectó 80 mil firmas de adhesión. Se promulgó el 24 dic del 2012 y su reglamento el 2014. Su aporte cambio el enfoque asistencial por el social, enfatizando que las personas con discapacidad son capaces de desarrollar su vida con naturalidad en la medida que la sociedad les brinde las medidas de accesibilidad que requieren para su inclusión con igualdad de oportunidades, como todos los ciudadanos. Y se entendió con claridad que la sociedad comprende al Estado, las instituciones públicas y privadas, pero además, se incorporó el derecho a la participación, de los ciudadanos con discapacidad en la determinación de las políticas públicas que impacten en sus vidas.

Además, la norma fue el pilar para la elaboración de políticas públicas locales que promovieron los derechos de diversas comunidades con discapacidad y fomentaron medidas de accesibilidad en el espacio público y medidas de inclusión únicas respecto al derecho a la cultura, deporte, información, gestión de riesgos y desastres, seguridad ciudadana y accesibilidad virtual como cognitiva.

El predictamen emitido por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso para la derogación de la norma, teniendo aportes a la misma, no representaría el “valor simbólico” de la conquista descrita por las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad. No se han realizado una consulta previa y es probable que no se ejecute debido a las barreras de acceso a la comunicación y uso del Internet.

Si revisamos la propuesta se encuentran claros errores en el uso de los conceptos que representan a las personas con discapacidad y que pretenderían suplir la Ley 29973. Significa que no ha sido revisada a la luz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad suscrita por el Estado Peruano ante las Naciones Unidas.

Uno de los errores que todavía no se ha mencionado en los diversos reportajes realizados y que denota la ausencia de conocimiento respecto a la comunidad con discapacidad, es el caso de la comunidad de personas sordas.  En el inciso 25.4 se indica que “los intérpretes para personas con discapacidad auditiva son personas con amplio conocimiento y capacitación para realizar interpretación simultánea del español hablado a la lengua de señas y viceversa”. Simultáneo según la Real Academia significa “al mismo tiempo, a la vez”. Existe un Código de Etica para los intérpretes de lengua de señas, que les exige interpretar la lengua de señas o hablar en español, pero no ambos al mismo tiempo. Hacerlo implica distorsionar el uso correcto de la lengua de señas como idioma así como faltar el respeto a la misma comunidad sorda.

Pero esto no es todo, si revisamos la nueva propuesta encontraremos errores que contribuirían a acrecentar más las barreras que impiden el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En el artículo 47.3 dice: “el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y los gobiernos locales promueven y garantizan la alfabetización de las personas en situación de discapacidad”. La pregunta es cómo se logrará esta tarea, dado que la propuesta de la Comisión es aprobar la nueva norma sin un reglamento y a su vez derogar todas las normas en materia de discapacidad vigentes. Pensar sólo en alfabetizar a la comunidad sorda es un tema que requeriría de profesionales educadores especialistas en alfabetización e interpretación de lengua de señas, que ahora no tenemos.

Un dato más, la propuesta no incorpora el tema de gestión de riesgos y desastres antes, durante y después de un sismo o desastre respecto a las medidas de atención y promoción de la salud para personas con discapacidad. Y acabamos de tener un pequeño sismo. Entonces propuestas de este tipo acrecientan las brechas existentes y se disocian del real enemigo: la sindemia del COVID 19. En lugar de centrarse en la implementación de planes, programas proyectos y medidas que apoyen la Ley 29973 y que reviertan las desigualdades, se estaría provocando más exclusión. Se lucha contra las “determinantes de la salud” que fomentan el COVID-19, por tanto, se requiere gestionar los recursos existentes, no crear nuevas políticas que no aterrizan en soluciones viables en el corto y mediano plazo.

En este escenario, ¿cuál puede ser el interés de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad a lanzarse a la derogación de la Ley N° 29973? Todo indica que se desconocen los criterios promovidos por la Defensoría del Pueblo y por la comunidad de personas con discapacidad.

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