Cosechando Cerezas

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Algunos medios de comunicación han dado cuenta de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2014 [1], [2] y [3]. La información resalta que dicho tribunal supranacional ha exigido al Estado peruano el pago de una compensación por la tortura, violación sexual y otras formas de violencia sexual ocasionadas a la terrorista del MRTA Gladys Espinoza González en las instalaciones de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE) mientras esta se encontraba detenida en abril de 1993.

La conmoción generada ha reabierto el debate sobre la idoneidad de la protección internacional de derechos humanos. Como es predecible, algunos líderes de opinión han desempolvado sus añejos argumentos para emplazar a nuestras autoridades a denunciar el Pacto de San José y, consecuentemente, recusar la competencia contenciosa de un tribunal que, a su juicio, ampara a terroristas convictos y confesos.

Sin embargo, el análisis está inconcluso. En Lógica suele denominarse “cherry picking” (cosechando cerezas) o “falacia de evidencia incompleta” a la supresión deliberada y selectiva de información con la finalidad de reafirmar una posición, a la vez que se ignora una importante cantidad de datos que pueden contradecir dicho punto de vista.

Por ende, sirva este espacio para franquear algunos argumentos:

  1. Afirmar que la Corte Interamericana de Derechos es un tribunal que protege exclusivamente a terroristas es una falacia de evidencia incompleta. De los 33 casos analizados por la Corte respecto del Perú, únicamente ocho casos reconocen como víctimas a personas procesadas o condenadas por terrorismo.
  1. En cuanto al caso de la terrorista Gladys Espinoza Gonzáles, la declaración de responsabilidad del Estado peruano no se sustenta en una actitud antojadiza de la Corte o en una manifestación ideológica de sus jueces, sino en la grave omisión de realizar una investigación efectiva y oportuna frente a una denuncia.
    Si bien existen al menos cinco exámenes, informes y certificados médicos en los cuales se certificó la presencia de lesiones y hematomas en diversas partes del cuerpo, en 2004, once años después de lo sucedido, la Corte Suprema de Justicia de la República, respaldada en la opinión de peritos médicos y psicológicos, declaró que las lesiones presentadas no resultaban compatibles con una tortura y que la terrorista “es una persona manipuladora para obtener ventaja”.[4]
    Es decir, a través de dos pericias, una médica realizada muchos años después de acontecidos los hechos, sin perspectiva alguna del proceso de regeneración biológica del ser humano, y otra psicológica, equiparable a una elemental prueba de polígrafo, se pretendió cumplir con el deber de garantía (investigación y sanción de responsables) que tienen los Estados en virtud a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  1. No debe perderse de vista que un ilícito internacional no solo se configura por una acción estatal, sino también por una omisión, la que en este caso impidió llevar a cabo una investigación efectiva y oportuna.
  1. Otra cuestión radica en la imposibilidad que tiene la Corte Interamericana para evaluar un caso en virtud a la calidad personal de la presunta víctima. Por un lado, debe evitar pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia en materia penal.
  1. Y, por otro lado, su análisis es objetivo y se circunscribe en estricto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado internacionalmente.
  1. No obstante, constituye un reto la búsqueda de mecanismos de compensación entre el pago de la reparación civil adeudada por un actuar delictivo y el monto indemnizatorio fijado por una violación a derechos humanos, cuando concurra en una misma persona la calificación de víctima y de victimario.

Debatamos sobre la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pero hagámoslo sin prescindir de toda la información existente.

Es anecdótico que cuando el terror se propaga, el Derecho suele disiparse. No obstante, pretender que un criminal además de cumplir con su condena deba soportar cualquier abuso o arbitrariedad en su contra es intolerable en un Estado de Derecho. La legitimidad del Estado surge del respeto a sus propias leyes, por lo que su proceder no puede decrecer equiparándose al de un terrorista.


[1] Diario Correo. “Corte Interamericana de Derechos Humanos pide procesar a jueces peruanos”. 09 de marzo de 2015.

Disponible en: <http://goo.gl/maLWNG> Consulta: 10.03.15.

[2] El Comercio. “Corte IDH ordena al Perú pagar US$105 mil a terrorista del MRTA”. 09 de marzo de 2015.

Disponible en: <http://goo.gl/Ld9mBd>  Consulta: 11.03.15.

[3] Radio Programas del Perú. “Corte IDH ordena a Perú pagar US$105 mil a emerretista”. 09 de marzo de 2015.

Disponible en: <http://goo.gl/f7xu62> Consulta: 11.03.15.

[4] Poder Judicial. “Pronunciamiento del Juez Supremo Titular, Doctor César San Martín, sobre el caso Espinosa Gonzáles vs. Perú, Sentencia del 20 de noviembre de 2014”. Disponible en: <http://goo.gl/XTp9fS> Consulta: 11.03.15