Criminalidad, ¿cómo estamos realmente?

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Un día cualquiera, al levantarse o antes de irse a acostar, los ciudadanos suelen prender el televisor, escuchar la radio o leer el periódico para informarse sobre las últimas noticias. Todos los días, se dan con la sorpresa de que el tema que ocupa gran parte del espacio informativo está vinculado a la comisión de delitos. Frente a esto, resulta comprensible que se exija una Política de Seguridad y una Política Criminal que establezca prioridades de acción claras para prevenir, combatir y luchar contra el crimen. Sin embargo, ¿cómo establecer políticas efectivas cuando no existen suficientes sistemas de información de calidad para generar evidencia y entender la magnitud real del problema?

En el Perú, las fuentes de información oficiales provienen de las bases de datos de denuncias de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público (MP). Al respecto es importante mencionar dos aspectos críticos. En primer lugar, la cuantificación de denuncias de ambas entidades es distinta, poniendo en duda la confiabilidad y calidad de la información. En el 2012, la PNP registró 255,057 denuncias a nivel nacional, mientras que el MP registró 331,761. Un caso resaltante se apreció en el año 2011 cuando la PNP registró una tasa de 9 homicidios por cada 100 mil habitantes, y el MP registró una de 24, casi triplicando la cifra reportada por la PNP. Un año después, el MP corrigió sus mecanismos de medición y publicó una nueva cifra de homicidios, no obstante aún persisten brechas entre la data que generan ambas entidades.

En segundo lugar, la denuncia como tal no permite conocer la cifra real del crimen. Realizar una denuncia refleja dos cosas: la voluntad y la posibilidad del ciudadano para hacer una denuncia. Sobre lo primero, se observa que muchos ciudadanos deciden no denunciar los hechos de los que son víctimas. Esto se explica por la percepción de impunidad que existe y el miedo a posibles represalias si el victimario sale en libertad. Con respecto a lo segundo, en muchas partes del Perú, aunque el ciudadano tenga interés en realizar una denuncia, no puede hacerlo por la escasez de espacios para denunciar y las limitaciones de equipos y sistemas existentes. Según el Censo Nacional de Comisarias del INEI, solo el 46.7% de las comisarías cuentan con infraestructura adecuada, y el 29.9% cuenta con conexión propia e internet.

Considerando las limitaciones vinculadas a la información oficial, ¿hacia dónde mirar? En Perú también se han realizado encuestas de victimización y estudios rigurosos sobre algunos hechos delictivos. Estos han tenido por objetivo brindar una imagen más real sobre la situación con respecto al crimen y han permitido confirmar que, actualmente, existe un gran subregistro de denuncias. Por ejemplo, en un estudio realizado por Mujica et al. (2013) en el distrito de Mazán (Maynas, Loreto), el 79% de las mujeres entre 18 y 29 años, declaró haber sido víctima de violencia sexual en algún momento de su vida; sin embargo, solo el 4% de ellas afirmó haber denunciado el hecho.

Cifras como estas ponen al descubierto las falencias de los sistemas de información y la urgencia de por hacer algo al respecto. Deberíamos contar con data confiable que permita generar evidencia empírica concluyente para diseñar, formular y evaluar las políticas públicas. Resulta, entonces, fundamental que se hagan esfuerzos en tres sentidos:

Primero, el Estado debe priorizar la articulación entre los sistemas de información actuales. Se deben estandarizar, entre otras cosas, los procedimientos para registrar denuncias y las metodologías para calcular variables con miras a tener un sistema de información único que permita interconectar la data que registran diversas entidades.

Segundo, es fundamental que se generen los incentivos y se habiliten las infraestructuras y los equipos necesarios para que los ciudadanos quieran y puedan denunciar. Hoy en día, existe una cifra oculta de delitos que no fueron denunciados, por lo que es fundamental que se sincere este número para entender la magnitud real de crimen en el país.

Tercero, no basta con tener datos vinculados a las denuncias. Los fenómenos criminológicos son complejos y cada uno se desencadena y explica por factores distintos. Ante esto, resulta fundamental que se incentive la investigación y se promuevan diversos mecanismos de recolección de información (como encuestas de victimización), con el objetivo de tener evidencia de calidad, rigurosa y real.

Si no se ejecutan acciones en estos tres aspectos no será posible diseñar e implementar una política efectiva de prevención y combate del crimen basada en evidencias, y el Estado continuará organizando su planeamiento y presupuesto sobre la base de “ensayo y error”. Realmente, ¿nos podemos dar este lujo?