Crueldad innecesaria, por Juan Luis Denegri

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Desde abril del presente año la administración Trump ha comenzado a aplicar la política de tolerancia cero contra el ingreso ilegal a los EEUU. Como resultado todos los adultos que crucen la frontera habrán cometido un delito y deberán ser procesados por el Departamento de Justicia. Por otro lado, los niños no pueden ser procesados con sus padres, así que son separados mientras dure el proceso. De esta manera, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, aproximadamente 2000 niños han sido separados en tan sólo las últimas seis semanas.

La consecuencia es tremenda. Sin protocolos, ni procesos, ni infraestructura adecuada para lidiar con las complejidades propias de la vulnerabilidad de los sujetos en juego, en especial la de los niños, abusos serán y son cometidos. Se han denunciado Walmarts abandonados como centros de detención de niños e incluso jaulas para agruparlos. Situaciones inadmisibles en el mundo civilizado y propio de la deshumanización de una gestión que ha decidido cambiar el respeto a los derechos humanos por la retórica xenofóbica y nacionalista.

Así las cosas, la semana pasada el Fiscal General de los Estados Unidos salía ante la prensa para justificar las acciones de agentes del gobierno. Para ello no tuvo mejor que idea que citar al Apóstol Pablo señalando que “se deben obedecer las leyes del gobierno porque Dios ha ordenado al gobierno para ese propósito”. Más allá de la grotesca fundamentación confesional para sostener una política pública que debe tener como fundamento el marco normativo, no sólo doméstico, sino internacional, la frase revela algo mucho peor. La más despreciable banalidad del mal. La obediencia irreflexiva e inmoral de las políticas y normas, sin prever sus consecuencias y su naturaleza.

Justamente el sustento legal de Trump y su administración residía en el aparato normativo y político de los EEUU. Ellos  sólo dicen que siguen las normas, y como resultado se quiebran familias de manera innecesarias y se impacta sobre grupos vulnerables cuyo único delito es la desesperación que los llevó a cruzar la frontera. Nadie discute en este punto si deben quedarse en el país, pero el trato vejatorio y abusivo contra las familias y en particular los niños simplemente no tiene amparo moral.

Hannah Arendt decía que «el problema con Eichmann fue precisamente que muchos fueron como él, y que la mayoría no eran ni pervertidos ni sádicos, sino que eran y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones legales y de nuestras normas morales a la hora de emitir un juicio, esta normalidad es mucho más aterradora que todas las atrocidades juntas». Lo decía por la irreflexividad de sus acciones. La filosofa agrega, “no era estupidez, sino una curiosa, y verdaderamente auténtica, incapacidad para pensar”. Y eso es lo que vemos desde el Presidente hasta el último funcionario encargado de ejecutar una política cruel y encarnizada contra los hijos inocentes de familias migrantes.

Finalmente, de acuerdo a las noticias, la administración de Trump firmó una orden ejecutiva que permitiría a los niños mantenerse con sus padres durante el procesamiento de los mismo. Sin embargo, aún no se sabe cómo se aplicará y lo que dirán las Cortes al respecto. Veremos qué sucederá luego.

No obstante, es importante señalar que esto evidencia la importancia de la presión ciudadana. Justamente es la reflexión, la capacidad de indignación y la acción directa sobre los políticos lo que salva a una sociedad de suicidarse moralmente. Sin embargo, esto no salva a un gobierno muy propenso a cometer excesos execrables con las justificaciones más banales. Ante ello, la comunidad internacional y la sociedad civil organizada deben siempre mantenerse vigilante y cuestionar de manera implacable y abierta esa normalidad aterradora con la que se suelen cometer las atrocidades.

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