¿Cuál es el contrabando del Acuerdo de Escazú?, por Federico Prieto Celi

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El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Fue adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018. Constituye una herramienta sin precedentes para catalizar la acción y gobernanza climáticas en América Latina y el Caribe. Es el primero de su tipo en el mundo que incluye disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos ambientales.

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, a nombre de la República del Perú, firmó el Acuerdo de Escazú, junto a Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Santa Lucía y Uruguay, así como República Dominicana y Haití; y después Bolivia. El documento, cuyo nombre oficial es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, suscrito por el Perú en las Naciones Unidas en Nueva York, el 27 de septiembre de 2018.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental ha informado que el Acuerdo de Escazú evitará la deforestación ocasionada por actividades ilegales, la afectación de derechos humanos ambientales, las emergencias ambientales, entre otros, que afectan considerablemente al estado a la preservación de nuestros recursos naturales.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso inició el análisis sobre la conveniencia de firmar el Acuerdo de Escazú, el día 6 de julio del 2020, a pesar de la oposición de los Oficiales Generales en retiro de las Fuerzas Armadas, que han alertado que si bien el Perú mantiene para sí el área de 782,880.55 km2, zona que comprende toda la amazonía peruana, “pierde el poder de mandar” sobre la mitad de dicho territorio, que será entregado a una ONG ¿La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental? que ha promovido del Acuerdo de Escazú en la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), cuya secretaria ejecutiva es Alicia Bárcena. El Perú tiene un territorio de una superficie continental de 1.285.215,60 km2.

Las Fuerzas Armadas tienen, de acuerdo al artículo 165 de la Constitución, la finalidad primordial de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República, de tal manera que la lesión territorial que afectaría al país el Acuerdo de Escazú involucra necesariamente su responsabilidad profesional para con la patria. No olvidemos la historia: California, por instigación de los Estados Unidos, se separó de México y se declaró estado, estado que después se sumó a los Estados Unidos. La mitad de la selva peruana, ¿va a pasar al Brasil, que siempre ha tenido una política expansionista?

¿Si desde 2018 a 2020 han transcurrido tres años, los mismos que tiene cada país miembro para denunciar el Acuerdo, eso quiere decir que ya el Perú no se puede retirar del mismo? ¿Si el Perú ya firmó el Acuerdo en 2018 y el Congreso lo ratifica el 2020, eso quiere decir que ya estaría firmado y ratificado por los poderes ejecutivo y legislativo? ¿Cuándo el texto del Acuerdo habla de “las partes” y de “las autoridades competentes”, incluyendo por igual a funcionarios del estado y agentes de las ONGs y está dándoles un voto a cada uno, los funcionarios del estado quedan en minoría? ¿Por qué los oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas afirman que el estado peruano “pierde el poder de mandar”? ¿Por qué los conflictos entre “las partes” no irían a la justicia peruana sino a tribunales de organismos internacionales, el Tribunal de La Haya, sin pasar por nuestro poder judicial?

El presidente de la República, Martín Vizcarra, debe una importante explicación detenida al país, para tranquilidad de las Fuerzas Armadas y de la ciudadanía toda.

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