Cuestionada paz, por Raúl Bravo Sender

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El último 2 de Octubre el pueblo colombiano le dijo no a los acuerdos de paz que su gobierno suscribiera con las FARC el pasado 26 de Setiembre. Para algunos analistas e internacionalistas, el futuro del país cafetalero se torna incierto, dadas las nuevas circunstancias en las que el Presidente Santos tendría que renegociar con el líder del grupo ¿beligerante o terrorista?, “Timochenko”. Por lo pronto, queda firme el punto del acuerdo referido al cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, que implica la dejación de las armas.

El mismo día que Santos y Londoño estampaban su firma con un “balígrafo”, la Unión Europea suspendía a las FARC de su lista de grupos terroristas, tras haberlas incluido en el año 2002, cuando fracasaron las negociaciones del Presidente Pastrana. Muchos analistas han criticado el hecho de que el gobierno se sentara a negociar con un grupo terrorista al que se le atribuyen delitos graves como homicidios, secuestros, extorsiones, violaciones, tráfico de drogas, dado que con los criminales no se negocia, se les vence en el campo de batalle, dentro de la legalidad.

No faltan quienes han sostenido que este acuerdo significa el triunfo de las FARC en ponerle su propia agenda al gobierno a costas del presupuesto estatal financiado por todos los contribuyentes. Del texto del acuerdo se extraen párrafos que establecen la obligación del Estado de financiar al partido político que se constituiría desde las FARC y de dotarle de emisoras. Además de garantizarle 5 curules, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, al margen de las que obtenga en el proceso electoral. Privilegios que dejan una sensación de impunidad.

Sin ánimo de ideologizar el proceso de paz colombiano, no cabe duda que el resultado del plebiscito, de un no a los acuerdos, constituye un duro golpe al “Socialismo del Siglo XXI” de la región latinoamericana, pues son de público conocimiento las simpatías que el gobierno chavista tiene para con las FARC. Una gran mayoría de colombianos percibe estos acuerdos como una rendición de su gobierno ante quienes por cerca de 52 años sembraron el terror. Habrían triunfado la impunidad, y sin justicia no puede haber paz ni mucho menos reconciliación.

No hay que dejar de lado la legitimidad de los porcentajes. Tan sólo acudió a votar cerca del 37% de los electores, y el no ganó ajustadamente con 50,2%. ¿Qué conclusión podemos sacar de este ausentismo? Que, con su indiferencia, no avalan las condiciones en que se han dado las negociaciones y sus términos. Que el proceso de paz es complejo, y debe darse sin que el gobierno capitule ante las exigencias de –hay que llamarlos por su propio nombre- los terroristas, quienes a pesar de todo, tendrán que rendir cuentas ante la justicia y pagar por sus delitos y los daños ocasionados.

Con este resultado, no es que el pueblo colombiano –tan golpeado por la narco-guerrilla terrorista- no desee ni busque la paz, sino que no está de acuerdo con los términos. Ello obliga a ambas partes a sentarse nuevamente en la mesa de negociaciones. Al menos el no coloca al gobierno en una mejor posición en las nuevas tratativas que tienen que darse, pues son más bien las FARC las que tendrían que ceder en sus pretensiones, si es que verdaderamente –como así lo han manifestado- desean la paz, o simplemente buscan impunidad y privilegios.

Finalmente, este proceso de pacificación ha repercutido en nuestro país, pues más de uno ha planteado la posibilidad de que nuestro gobierno suscriba un acuerdo similar con Sendero Luminoso. Ello sería negar que SL fue derrotado militarmente. Sin embargo, no hay que desconocer que su ideología aún cautiva a algunos incautos. A Sendero hay que vencerlo en el plano de las ideas y con resultados, producto de una buena gestión pública que incluya a todos los peruanos en los beneficios de lo que ellos combaten a ciegas.

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