“Cuiden a mi hija, y que mi mamita no llore”, por Arturo Garro

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Estas fueron las últimas palabras de Hovy Herrera (21), uno de nuestros compatriotas atrapado en el incendio de la galería Nicolini en Las Malvinas ocurrido el pasado jueves 22 de junio. Hovy Herrera no puedo escapar del fuego puesto que su “empleador”, quién debía de garantizar su integridad, lo encerró con candado y cadenas para que no abandone su puesto de “trabajo”.  A continuación, un modesto análisis de estos hechos desde el ángulo de los alarmantes índices de informalidad que hay en el mercado laboral nacional, y la pasividad que hay ante situaciones como esta por parte de las autoridades y de la sociedad en su conjunto.

La ciudad de Lima recibía la hora de almuerzo del último jueves con tres incendios. Uno en las galerías Nicolini, el cual puede considerarse el más pavoroso (mientras este artículo es redactado, viernes 23 de junio, los bomberos siguen apagando el incendio). Momentos después, un almacén del Ministerio Público se incendiaba en San Juan de Lurigancho. Y el día de hoy, viernes 23, ocurría un incendio en la calle Berlín en el distrito limeño de Miraflores.

Pero el incendio que ha conmocionado a todo el país, es el ocurrido en la galería Nicolini en el Centro de Lima. Este incendio ha puesto en evidencia –de forma cruda- la precariedad e informalidad de las condiciones laborales que afrontan muchos de nuestros compatriotas, a las cuales ahora hay que añadir a la cuenta trabajo esclavo. Así como lo leen, trabajo esclavo en pleno siglo XXI. Durante las primeras horas que sucedía el incendio en esta galería, llegaba la información que habían personas encerradas con candado en containers, sin las condiciones más esenciales para que un ser humano trabaje.

Lo sucedido en la galería Nicolini con estos compatriotas es una clara violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente a sus artículos 4 y 5; los cuales dicen lo siguiente:

Artículo 4.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Por su parte, el Convenio número 29 de la OIT[1] –ratificada por el Perú en 1960- hace referencia –y define- al trabajo esclavo en los siguientes términos:

“Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. Se pueden distinguir tres elementos:

Existencia de cualquier clase de trabajo o servicio personal

Amenaza de una pena cualquiera (coacción en sentido amplio)

Ausencia de consentimiento

El Trabajo Forzoso es una restricción ilícita a la capacidad de decisión del trabajador acerca de: (i) si trabaja o no; (ii) para quién trabaja; (iii) en qué condiciones trabaja. Dicha restricción genera una grave afectación a la libertad de trabajo y a la dignidad humana. En esa medida, el Convenio núm. 29 establece en su artículo 25° que los Estados parte –entre los que se encuentra Perú- están obligados a reprimir penalmente este tipo de conductas: “El hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales”. La exigencia de intervención penal responde a la naturaleza de los intereses protegidos y al daño irreparable que se ocasiona a las víctimas y a la sociedad.

Un detalle adicional, es que el actual gobierno ha buscado combatir este problema; por esta razón, se publicó el pasado 5 de enero de este año, en el Diario Oficial El Peruano, la definición de trabajo forzoso en el Artículo 168-B.- Trabajo forzoso; pero yo solo me concentraré en algunos puntos.

“Artículo 168-B.- Trabajo forzoso”

El que somete u obliga a otra persona, a través de cualquier medio o contra su voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años.

La pena será privativa de libertad no menor de doce años ni mayor de quince años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

El agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la impulse a depositar su confianza en él.

La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad, y la actividad que desarrolla está prohibida por la ley en razón a su edad.

El agente comete el delito en el marco de la actividad de una persona jurídica o en el contexto de cualquier actividad económica.

La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años, en los siguientes casos:

El agente es familiar de la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Existe pluralidad de víctimas.

La víctima tiene menos de catorce años de edad, es adulta mayor, tiene discapacidad, padece de enfermedad grave, pertenece a un pueblo indígena, es trabajador migrante o presenta cualquier situación de vulnerabilidad.

Se produzca lesión grave o se ponga en peligro inminente la vida o la salud de la víctima.

Se derive de una situación de trata de personas.

Si se produce la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años (tal como ha sucedido el pasado jueves)

Por lo antes expuesto, queda fehacientemente evidenciado que el gobierno no está en la capacidad para hacer cumplir las leyes laborales en el país. Pero, cómo se quiere que el gobierno haga un trabajo de fiscalización y control, si su brazo ejecutor –para velar por el cumplimiento de las leyes laborales-, la SUNAFIL[2], ha tenido problemas con sus inspectores puesto que estos han tenido que salir a protestar porque la referida institución, responsable de velar por el cumplimiento y respeto de los derechos laborales, no cumple –paradójicamente- con el respeto de los derechos laborales de sus propios inspectores.

Nuevamente aquí hay otro tema que debe de mencionarse, la responsabilidad política. La responsabilidad política en esta oportunidad corre a cuenta del Ministro de Trabajo Alfonso Grados puesto que tendrá que explicar el por qué las políticas de fiscalización laboral han sido deficientes, y empresas como estas (las que se valían del trabajo esclavo en la galería Nicolini), no fueron fiscalizadas, y de ser el caso, clausuradas. Ahora no es el momento de una citación a la comisión de trabajo del Congreso, pero que el ministro Grados debe ser citado a rendir cuentas por este tema, sin lugar a dudas.

Y otra paradoja. El actual gobierno, como connotadas personalidades del ambiente político y empresarial, dicen que debemos de comportarnos como un país serio, y asegurar nuestro ingreso en la OCDE[3]. Pero estimados “OCDE lovers”, cómo queremos ser parte de este tan selecto club que solamente cobija a países que tienen administraciones públicas serias, si ni siquiera el ente correspondiente no puede hacer una inspección de condiciones laborales básica, y más aún si los mismos inspectores de la SUNAFIL denuncian que no se cumplen sus derechos laborales. Seriedad en gestión pública no es solamente en temas referidos al ordenamiento institucional, sino también es como una entidad pública defiende los derechos fundamentales de sus ciudadanos, que es a quienes en primer orden se deben.

Es un insulto, que en un país donde hay miles de Hovys Herrera, trabajando en condiciones infra humanas a cambio de salarios que en muchos casos están por debajo de la remuneración mínima vital, pretenda pertenecer al club de la OCDE si su aparato público no puede hacer que se respeten los derechos humanos más fundamentales.

Un comentario adicional. Hasta esta hora, 20:24 horas, no he escuchado, leído o visto el pronunciamiento de ninguna organización auto denominada como defensora de los derechos humanos en este caso. Estimadas ONGs de derechos humanos, los peruanos que han muerto calcinados el pasado jueves a consecuencia de las deplorables condiciones laborales de las que eran objeto, también tenían derechos humanos, y sus familias tienen todo el derecho del mundo a recibir una reparación. ¿O es que solamente para ustedes tienen derechos humanos las personas que hacen daño a la sociedad –léase terroristas- que personas que se ganan la vida de forma honesta?

[1] Organización Internacional del Trabajo

[2] Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

[3] Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos