«Es absolutamente irrelevante la posición que puedan tomar en un Estado laico», con estas palabras, el parlamentario Alberto de Belaunde trataba de decir, con su impecable traje y su edulcorada retórica, que le importaba un pepino lo que una institución de la que forman parte más del 80% de peruanos pueda hacer o expresar sobre un tema tan grave como es el derecho a la vida, a propósito de su proyecto de ley para despenalizar el aborto, principalmente en casos de violación sexual, iniciativa de Frente Amplio.
Porque claro, lo acepte o no el congresista de PPK, un hijo concebido por violación no es menos humano o no humano con respecto a uno concebido con amor y libertad. Y su proyecto de ley, sin importar la cantidad de páginas que tenga y todas las estadísticas en las que pretenda apoyarse, jamás podrá demostrar lo contrario. De Belaunde no es nada tonto: sabe muy bien que se aborta a un ser humano, un individuo de nuestra especie. Que él prefiera acomodar la realidad biológica del inicio y desarrollo de la vida humana a su ideología es otra cosa. La mayoría de peruanos no comparten el postulado de que matar a una criatura en el vientre sea un derecho y no creen tampoco que se aborten lechugas o rocas, todos sabemos perfectamente que se aborta un embrión o feto y que es el hijo de una mujer. Un hijo no puede ser una cosa que se desecha, sin importar cómo fue engendrado.
Que el Estado sea laico no significa que haya que olvidarse que la inmensa mayoría de su población es cristiana. No significa que la fe y los valores se deban dejar de lado a la hora de ejercer la ciudadanía como pretenden los trasnochados. La ciudadanía no es incompatible con las creencias personales del individuo. Nadie es una tabula rasa a la hora de votar, protestar, legislar o trabajar. Somos lo que creemos y sentimos, lo que pensamos. Y finalmente -y esto es lo más importante-: las leyes son consenso. Si el Perú no quiere que se destruyan las vidas de bebés inocentes, no sucederá. Y por supuesto que la Iglesia Católica cuenta, así como cuenta cuando es garante en conflictos sociales o brinda educación gratuita a niños de bajos recursos. Parece que para algunos el Estado solo es laico cuando quieren legalizar el aborto o la unión civil, ¿extraño, no?
¿Para cuándo una iniciativa de nuestros padres de la patria para endurecer las penas a los violadores, para tener un registro público de todos ellos, para condenarlos con más rapidez? ¿Cómo podemos solucionar el flagelo de la violencia sexual? Porque despenalizar el aborto, sin duda, no va a disminuir los alarmantes índices de crímenes sexuales. Se debe buscar atacar el problema y no utilizarlo para impulsar proyectos inútiles, personales y gastados que la mayoría del país rechaza.