De libre disponibilidad: la píldora del día siguiente, por Victor Avendaño Jave

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En el Perú, la educación sexual y reproductiva que se imparte es ínfima y, salvo en excepciones, se hace bien. Además, la aparición de diversos factores socioculturales y conservadores de índole tradicional que imperan aún en nuestra sociedad reflejan las restricciones a una educación sexual integral y de calidad y a la libre disponibilidad métodos anticonceptivos, entre ellos la píldora del día siguiente. 

Sin embargo, hace unos días el Primer Juzgado Constitucional de Lima, en su resolución, le conminó al Minsa a que distribuya en forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia a nivel nacional; lo que resultan inaplicables aquellos fundamentos y reglas establecidos por el Tribunal Constitucional, en su sentencia del 2009. Es decir, tuvieron que pasar diez años de aquella sentencia retrógrada del TC para precisarse que la píldora no tiene efectos abortivos y, por tanto, es un derecho igualitario y humano para las mujeres.

De esta manera, con la libre disponibilidad de la píldora, las mujeres son las artífices en decidir cuántos y cuándo querrán tener hijos e hijas. Pues bien, al menos ya era necesario y urgente el normalizar este tema, en nuestro sistema jurídico nacional, porque ahora así el libre acceso y disponibilidad de la píldora no estará restringida a un determinado estado estrato social de mujeres, sino; por el contrario, será para el uso y adquisición de todas en cualquier Centro de Salud público. Así, las mujeres ya no tendrán que llevar consigo embarazos no deseados, sea en casos de violación sexual o porque no tuvo la protección. 

Los derechos humanos y libertades sexuales no se negocian, sino se garantizan en su libre acceso, sin restricción alguna, en beneficio de todos y todas. Porque los sistemas de creencias retrógrados y anquilosados de sectores conservadores en imponer a las personas, bajo un sistema de creencias determinado y uniforme, no puede ser imperante en nuestra sociedad, menos aún cuando se trata de formulación de políticas públicas sobre derechos humanos en nuestras instituciones públicas; las mismas que deben salvaguardar e informar a sectores más vulnerables de la sociedad. 

Los mejores parabienes con esta decisión judicial y en el acceso libre de todos y todas, sin distinción por sexo o género. 

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