De mentiras y medias verdades

1.072

La revista “La Ley” (n° 3) publica una nota ilustrativa sobre la rectificación periodística, cuyo subtítulo es “De mentiras y medias verdades”, a cuya luz es interesante leer el informe de ocho páginas que incluye esa misma publicación, con el título “El poder legal de la Iglesia”.

Quienes hemos hecho periodismo las últimas cinco décadas recordamos que fue el Papa Pablo VI quien buscó renovar los concordatos con países de mayorías católicas, como Portugal y España en Europa, y Colombia y el Perú en Sudamérica, con el fin de eliminar la interferencia política de los estados, en la selección y nombramiento de obispos, uno de los pilares del patronato regio, cuyos orígenes se remontan nada menos que a los reyes católicos, que querían asegurar en sus reinos que los obispos se mantuvieran en sus sedes episcopales.

Conversé con el general Francisco Morales Bermúdez, a quien le hice y edité una entrevista biográfica, titulada “Regreso a la democracia” (Realidades, Lima, 1996), sobre la firma del Acuerdo. El ex presidente del Perú me confirmó entonces que fue la Santa Sede, y no el Estado, quien se interesó en la firma del Acuerdo vigente, precisamente para fortalecer la independencia de la Iglesia frente al Estado. El Estado, en cambio, fijó su posición clara en lo referente al obispo castrense que, por ser el pastor espiritual de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, necesita de un diálogo previo entre las autoridades eclesiásticas y políticas, antes de proceder a su nombramiento por la Iglesia y su reconocimiento por el Estado.

Los peruanos somos creyentes y así lo hemos expresado en todas las constituciones, incluidas las dos últimas –las que cita el autor del artículo-, al inicio del texto, cuando el Congreso invoca a Dios Todopoderoso. Creemos en Dios, que es lo mismo que decir Yahveh o Alá. Es un Dios Creador y Providente, un Dios Único y Personal. La Iglesia católica no monopoliza la creencia en Dios, que es patrimonio de judíos, cristianos y musulmanes.

El 81% de los peruanos somos católicos, pero el resto, en su gran mayoría, también son cristianos. De ahí que la presencia de los crucifijos en juzgados y juramentos de funcionarios, además de ser una multisecular costumbre legitimada por el tiempo, es un derecho que ha sido ratificado por una sentencia del Tribunal Constitucional, aquí y en Italia. Tenemos experiencias de ministros de Estado que por no profesar la religión católica han preferido que se retire el Crucifijo o que se aparte la Biblia, y hacen una promesa. Creencia y libertad van de la mano.

Sin venir a cuento, trae a colación el artículo los escándalos de algunos clérigos de la Iglesia, que han resaltado tanto los medios de comunicación, como si esos pecados fueran materia exclusiva de los sacerdotes, pero calla, por ejemplo, los recurrentes casos de escándalos protagonizados de personas de otros credos, como el secuestro de 20 niños y 16 niñas por la Asociación Evangélica Misión del Nuevo Pacto Universal, como informó “El Comercio” el 17 de setiembre pasado (pg. A12 completa).

El autor subraya la diferencia que hace la Constitución, en su artículo 50°, cuando afirma que ‘presta’ su colaboración a la Iglesia, mientras que, en cambio, norma que ‘puede establecer’ colaboración con otras religiones. ¿Sería mejor que dijera que presta también su colaboración y establece vínculos, por ejemplo, con los sunitas radicales del Estado Islámico?

Medias verdades y opiniones negativas, en las que se confunden los términos, u que van acompañadas de opiniones negativas, abiertas unas y sibilinas otras. ¿Qué busca el autor, Jaime Cordero, con ese disparo al aire?