Hace unos días Barack Obama sorprendió al mundo una vez más al eliminar la antigua Ley Política Migratoria Oficial, una disposición gubernamental popularmente conocida como “la política de pies secos, pies mojados”. Esta legislación, creada mediante un consenso entre Washington y La Habana luego del estallido de la Crisis de los Balseros, indicaba que todo aquel ciudadano Cubano que tocara suelo americano tendría derecho a quedarse en Estados Unidos mientras que los interceptados volverían a la isla. A falta de solo una semana para el fin de su gobierno, el aún vigente presidente de los Estados Unidos decidió derogar esta ley para instaurar otra en la que los ciudadanos cubanos tendrán el mismo trato que cualquier otro inmigrante. Tras la polémica suscitada a raíz de este acontecimiento, el presente artículo buscará explicar los límites de esta nueva disposición de la Casa Blanca y desarrollar los aspectos positivos y negativos para Cuba de este nuevo edicto.
La nueva legislación desarrollada por la administración Obama-Biden forma parte de una serie de acciones que buscan normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta, no solo da por terminada la política de pies secos, pies mojados sino que también incluye la derogación del Parole de Médicos Cubanos. El “Cuban Medical Professional Parole” era una facilidad gubernamental que tenía por propósito incentivar la migración de médicos cubanos residentes en terceros países mediante el otorgamiento de visas de trabajo y residencia para el médico y su familia desde cualquier embajada de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta la trascendencia de esta nueva ley estadounidense es lógico pensar que la afluencia cubana al país norteamericano será reducida considerablemente. Sin embargo, existe una norma más que le otorga esperanzas aunque sea a los ciudadanos cubanos que ya se encuentran en tierras americanas, la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Esta concedía a los ciudadanos cubanos que se encuentren en los Estados Unidos facilidades para conseguir residencias o al menos Visas de Trabajo en Norteamérica.
La derogación de la Ley Política Migratoria Oficial no solo afecta a los Estados Unidos sino que sus consecuencias también influyen dentro del territorio cubano. En términos estrictamente gubernamentales, dentro de las consecuencias positivas, cabe resaltar el fin de lo que Fidel Castro llamó, durante años, “Fuga de Talentos”. Esta “fuga” hacía referencia a que con el Parole de Médicos Cubanos, Estados Unidos “robaba” los talentos cubanos al gobierno central y los llevaba a Estados Unidos. Adicionalmente, la gran cantidad de retorno poblacional, de ser bien manejada, podría generar una fuerte inyección de capital de trabajo a Cuba. Por otro lado, la nueva disposición norteamericana tendrá, sin lugar a dudas, efectos negativos de suma importancia como la fuerte disminución de las remesas enviadas por los inmigrantes cubanos residentes en Estados Unidos a sus familias dentro de la isla. “Remesas a Cuba: el motor más potente de la economía cubana”, un estudio realizado por The Havana Consulting Group, resolvió que tan solo en el año 2012 las remesas recibidas en Cuba llegaban a la suma de 2605 millones de dólares, cubriendo así el 62% de los hogares cubanos. En base a esto se puede afirmar que la paralización de las mismas podrían desencadenar una fuerte crisis económica que, de la mano con el gran aumento poblacional advenidero, podría producir una nueva crisis humanitaria.
Las migraciones a nivel global son una constante histórica cuyos patrones están basados en oleadas, estas dependen directamente de diversos contextos que en su mayoría suelen ser sociopolíticos o económicos. La migración cubana a los Estados Unidos es, en definitiva, una de las oleadas migratorias más importantes de los últimos tiempos para el continente americano y como tal envuelve a una gran cantidad de personas en constante movimiento. Cientos de cubanos en la ruta de Ecuador-Panamá-Costa Rica-Nicaragua-Honduras-Guatemala-México se encuentran actualmente en una situación de vulnerabilidad total y será responsabilidad de la cooperación intergubernamental latinoamericana (e incluso de la OEA) la protección de esta población cuya esperanza de un futuro mejor se ha visto truncada incluso antes de empezar.