Defensor del Pueblo: Indulto transgrede lo que señala la Constitución en relación al plazo

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El Defensor del Pueblo, Wálter Gutiérrez, realizó una conferencia de prensa en la que explicó que existen irregularidades en el otorgamiento del indulto humanitario a Alberto Fujimori. De igual forma, mencionó que, si el indultado no cumple con ciertas obligaciones, se le puede revocar la gracia.

“No existen fundamentos de peso que justifiquen el indulto, hay argumentos médicos, pero estos no son válidos tratándose de un sentenciado por delitos graves”, manifestó. En esa misma línea señaló que “el Tribunal Constitucional ha señalado que las gracias presidenciales sobre delitos contra los derechos humanos deben expresar el mayor nivel de motivación y resaltar la importancia del derecho fundamental del interno que se busca proteger”.

De igual manera, dijo que los indultos dados por el presidente no son a nombre personal, sino en nombre del país y por tanto los protocolos deben cumplirse. “El presidente transcendió los estándares legales al conceder indulto pues, transgrede directamente lo que señala la Constitución Política en relación al plazo”. 

Obligaciones del indultado

El indultado tiene la obligación de no realizar actos similares o iguales a la misma naturaleza que aquellos que le permitieron la comisión de delitos. En el caso del ex presidente Alberto Fujimori, no puede realizar actos públicos o políticos porque esos fueron los que, de alguna manera, sirvieron de marco para la comisión de delitos”, comentó.

“Beneficiario de indulto debe mostrar arrepentimiento expreso. Alberto Fujimori debe alejarse de la participación en asuntos políticos. De no hacerlo, evidenciaría que su estado de salud no califica para ser indultado y esta gracia podría ser revocada”.

Presentarán oficios 

Sostuvo que hay razones fundadas para que este indulto siente un precedente y sea revisado por las instituciones competentes.

En ese sentido, la Defensoría anunció que remitirá tres informes, uno al Congreso de la Replica para que se plantee una ley que regule las gracias presidenciales; otro al Ministerio de Justicia para que entregue los documentos completos completos que justifican el indulto y, finalmente, otro al Poder Judicial, con el fin de que los magistrados evalúen la legalidad del beneficio dado al expresidente.