Esta vez el artículo que decidimos compartir con ustedes tendrá un alcance internacional. Considerando que una de nosotras es venezolana y que ha visto de cerca el cambio entre la Venezuela de hace 16 años (cuando Hugo Chávez fue elegido presidente) y la de hoy, hemos decido hablar de un programa social de gran relevancia nacional y que genera gran expectativa entre los venezolanos: Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
GMVV nació en el 2011 con el objetivo de solucionar el déficit habitacional que existía en el país. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2011, 7,5 millones de venezolanos necesitaban vivienda y el Programa estableció como meta la construcción de 3 millones de viviendas en el periodo de 2011 – 2019 (los criterios para establecer esta meta se desconocen). Para lograr dicha meta, el Estado debía construir 333 mil viviendas al año, cifra que se consideró inviable considerando que entre 1999 y 2009, el sector público construyó 293,857 viviendas y el privado 240,055, es decir, 26,714 y 21,823 por año, respectivamente. Después de 4 años se ha comprobado que las metas no eran viables debido a que se está muy lejos de cumplirla: solo se ha logrado construir 668,330 viviendas al 2014. Esto debido a que no se cuantificó la meta considerando los riesgos vinculados al financiamiento, la disponibilidad de materias primas y la disponibilidad de terrenos (de las 34,793 hectáreas necesarias para cumplir la meta, al 2012, solo había disponible el 22%), entre otros.
¿Y las viviendas que ya se construyeron, a quiénes se le entregaron? Esta es una pregunta que se hacen miles de venezolanos. El Programa se planteó con el objetivo de atender a las familias damnificadas a raíz de fenómenos naturales. Sin embargo, luego se consideraron también otros grupos poblaciones: i) familias con ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo[1] y sin vivienda propia; ii) familias con ingresos mensuales inferiores a dos salarios mínimos; y, iii) familias de clase media con ingresos de hasta cinco salarios mínimos. Así, dependiendo del grupo poblacional, el Programa otorga un subsidio diferenciado del 100%, 80% o 60% para acceder a las viviendas (ver tabla 1).
Tabla 1: Grupo poblacional y subsidios
Fuente: Transparencia Venezuela (2013)
Al diseñar un programa social es fundamental que se justifique la intervención del Estado y que se establezcan de manera clara las necesidades del público objetivo. En este caso, el Programa busca atender a 4 grupos poblaciones que tienen similitudes, pero también diferencias importantes, no solo por el nivel de ingreso, sino porque las características de las viviendas donde las familias viven actualmente son distintas (algunos viven en zonas rurales y otros en zonas urbanas; unos viven en hacinamiento; algunos no tienen acceso a agua y saneamiento; y así, la lista de diferencias va en aumento). A pesar de esto, se ha propuesto una meta de construcción de viviendas a nivel general y no se sabe cuánto de esta meta hace referencia a cada grupo poblacional.
Además, se observa que no han establecido criterios de priorización para determinar cuáles familias deben recibir las viviendas primero; ni tampoco han hecho público cuántas viviendas han sido entregadas diferenciando por grupo poblacional. Así, el desconocimiento de los criterios de asignación genera incentivos para que las viviendas se otorguen de manera discrecional. Esto se pone aún más en evidencia al analizar el proceso de registro e inspección de los potenciales beneficiarios del Programa. Luego de que las familias se registran para acceder al Programa, el Estado, a través de “fiscales” realiza inspecciones visuales a las viviendas de las familias registradas; sin embargo, no existe información sobre cómo se realiza el proceso de verificación de viviendas, ni si se cumple en la práctica. Según un informe de Transparencia Venezuela (2013), para hacer inspecciones a 1 millón de viviendas en un periodo de cinco meses, se requerirían 2,066 “fiscales” y en el Programa no existen registros de contrataciones de personal para cumplir la función de verificación, ni del tipo de capacitación que deberían recibir los fiscales. Aspecto que genera más dudas sobre cómo se seleccionan los beneficiarios, y que provoca que muchos venezolanos afirmen que las viviendas se otorgan sin ningún tipo de sustento y para hacerle favores a los “panas”.
En resumen, considerando el breve análisis realizado, creemos que se debe delimitar el alcance del Programa. Se deben establecer criterios de focalización claros y sincerar las metas del Programa considerando la realidad socioeconómica del país. Asimismo, debe existir mayor rendición de cuentas y transparencia. La transparencia en el accionar del Estado es algo que se le quitó a los venezolanos hace muchos años y es fundamental que esta vuelva, especialmente cuando se trata de Programas Sociales donde el potencial beneficiario tiene derecho a saber cuáles son sus probabilidades reales de ser beneficiario.
[1] En Venezuela se manejan diversos tipos de cambio. Bajo el tipo de cambio oficial (6.3 Bs/$), el sueldo mínimo asciende a USD 776. Bajo el tipo cambio denominado SICAD II el sueldo mínimo es de de USD 98 y bajo el tipo de cambio negro es de USD 33.