Hace algunos días fue lanzada una campaña que tiene por objetivo convencer a la población peruana para que tome una posición -o cambie la que ya tiene- respecto a la aprobación del aborto en caso el embarazo haya sido consecuencia de una violación. La campaña, que utiliza hábilmente la frase #DéjalaDecidir para conseguir su objetivo, es promovida y financiada por las siguientes organizaciones: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, CLADEM Perú, Demus, Movimiento Manuela Ramos, Católicas por el derecho a decidir y Promsex. Según han informado los promotores, tienen como objetivo central la recolección de firmas para la próxima presentación de un proyecto de ley que apruebe el aborto en las circunstancias antes mencionadas.
No sorprende que sean estas organizaciones las que emprendan esta campaña, dado que son las principales impulsoras de todas las políticas a favor del aborto y otros asuntos conexos en nuestro país. No sorprende tampoco que sea parte de la estrategia el convocar a personajes públicos con alto impacto mediático para persuadir a la población a favor de su postura. Así lo han hecho en distintos países donde han conseguido sus objetivos. Dinero tienen y lo saben usar muy bien.
En la campaña se utilizan datos y cifras que presentados en el orden propuesto por los organizadores y sacados de un marco general (No revelan sus fuentes), definitivamente causan estupor y generan una lógica solidaridad –merecida- respecto a la víctima de la violación, pero no dejan lugar para ver que, si seguimos su propuesta de solución al problema, se estaría atentando contra otro ser humano. Es decir ya no habría sólo la víctima de la violación, sino una víctima más (el ser humano que lleva la víctima en su vientre). Esto sin considerar que a la mujer violada, se la estaría victimizando nuevamente al someterla a un acto traumático -y tan delictuoso como la violación- como es el aborto.
En este editorial, no nos detendremos en el aborto en sí, pues ya nos hemos ocupado de ello anteriormente (https://lucidez.pe/editorial/del-lado-correcto-de-la-historia/), más bien analizaremos la propuesta específica que está detrás de la campaña #DéjalaDecidir. Es decir, nos centraremos en la polémica propuesta de no sancionar penalmente los casos de aborto por violación. Aquí hay que partir de la siguiente premisa: Si aceptamos que el concebido es personas, se le reconoce indiscutiblemente el derecho a la vida. Si negamos que lo es, sería válido que se acabe con él en cualquier momento de su proceso gestatorio y bajo cualquier motivo. En este último supuesto sería totalmente ilógico que se penalice el aborto (El ordenamiento jurídico peruano establece que el concebido es sujeto de derecho desde la concepción).
Entendemos que aquellos que apoyan la campaña #DéjalaDecidir, aceptan que el concebido si es una persona, pero pretenden limitar la penalización del aborto en un caso concreto, cuando el embarazo es producto de una violación, bajo la siguiente justificación: “En el caso que te violan, considero que nadie debe obligarte a llevar en tu vientre durante nueve meses y tal vez por el resto de tu vida algo que tu no quieres y que te trae un mal recuerdo…”[i].
Si seguimos la lógica del señor Irivarren y la de aquellos que apoyan la Campaña #DéjalaDecidir, podríamos también pensar en otras iniciativas para despenalizar los actos que busquen acabar con la vida del violador (que, a diferencia del concebido, es culpable) o la vida de los que presenciaron la violación o la facilitaron, etc., en resumen: eliminar todo aquello que le pueda recordar este acto totalmente lamentable y condenable como es la violación sexual. Claramente la respuesta al trauma de la violación no es la muerte de nadie.
Nuestra postura es clara, repudiamos todo acto que atente contra la libertad sexual de una persona, nos solidarizamos con la mujer que es víctima de una violación y exigimos al estado, a la sociedad y a los medios que combatan estos actos, que nunca deberían pasar. Pero junto con ello, no creemos que se solucione nada despenalizando el aborto en caso de violación sexual. La solución radica en combatir las violaciones sexuales y evitar las consecuencias de estas. El aborto es un negocio por parte de aquellos que lo realizan y son víctimas tanto la gestante, su entorno y el concebido mismo. Consideramos que si es necesario castigar penalmente al que practique el aborto en cualquier circunstancia, incluida la que ahora se plantea, pues las razones en las que se sustenta ponen en grave peligro las bases de la vida en sociedad y la vida de seres inocentes cuyos derechos deben ser custodiados y defendidos primero por sus más próximos –los padres- y después por el estado y la sociedad en su conjunto.
[i] Declaración del señor Mario Irivarren en el spot publicitario de la campaña #DéjalaDecidir