Del aborto terapéutico al aborto post violación

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Los pronósticos de que después de la casi inocente guía médica para abordar el aborto terapéutica se vendría una propuesta normativa para ampliar el espectro del aborto legal en el Perú se ha cumplido en apenas tres meses.

En efecto, el 28 de junio de 2014, el Ministerio de salud emitió una resolución aprobando el protocolo del aborto terapéutico, que estandariza el procedimiento para priorizar la vida de la madre o evitar un mal grave y permanente en su salud, sobre la vida de la hija.

En la segunda semana de setiembre, se ha hecho público que los congresistas Carlos Bruce, Rosa Mavila y Verónika Mendoza apadrinan una iniciativa legislativa popular para despenalizar el aborto por violación en el Perú.

La congresista Mendoza confirmó el 13 de setiembre de 2014 su intención de derogar artículo 120 del Código Penal, que establece penas de 3 meses para quien aborte a causa de una violación. El proyecto de ley será examinado por la Comisión de Constitución y Reglamento así como por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Más allá del discurso feminista pro aborto, en realidad este polémico proyecto de ley se estarían encubriendo dos delitos: La violación que dejaría al agresor impune y el asesinato de un bebé por nacer inocente.

Las mismas organizaciones feministas denuncian que 42% de violaciones se producen en el seno del propio hogar y 70% son niñas o adolescentes. ¿Acaso el aborto es una solución para detener la violencia en estos casos? Más bien lo contrario: la agrava y la incentiva. Eliminando el embarazo que visibiliza el abuso sexual, el abusador se verá incentivado a perpetuar su repugnante conducta, opina el doctor Martín Tantaleaán, presidente de CEPROFARENA, una organización privada dedicada a promover el método natural de control de natalidad en el Perú.

El proyecto de ley establece que la mujer sólo tienen que denunciar haber sido víctima de violación, no necesita hacer una denuncia al violador y podría exigir una intervención abortiva sin ningún medio probatorio de por medio. Para castigar cualquier delito primero se investiga y se sanciona. Según el proyecto de violación de Mendoza, Bruce y Mavila, ni se investiga ni se sanciona. Sólo se mata al inocente y se deja impune al agresor.

Los miembros del parlamento peruano impulsores o involucrados en este proyecto de ley son Ana María Solorzano, Presidenta del Congreso de la República; Cristóbal Luis Llatas Altamirano, Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento; Rosa Delsa Mavila, vicepresidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento; José Raguberto León Rivera, secretario de la Comisión de Constitución y Reglamento; Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; Pedro Carmelo Spadaro, secretario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; Joanna Soto, asesora principal de la Comisión de Justicia; y Verónika Mendoza, congresista promotora del proyecto de ley

Fue precisamente la parlamentaria Mendoza quien luchó en favor de la guía del aborto terapéutico, con estas palabras, el tres de julio de 2014 “El aborto terapéutico está pendiente desde 1924, desde que nuestro Código Penal lo despenalizó y solo se lleva a cabo si la vida de la madre corre riesgo o está en estado grave, es decir, en situaciones extremas. El protocolo viene a estandarizar los procedimientos de salud a nivel nacional”, dijo.

Este mecanismo voluntario estaba despenalizado desde 1924, a través del artículo 119 del Código Penal, el cual señala que «no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada, cuando es el único medio para salvar su vida o evitar un mal grave y permanente». La Dirección General de Salud de las Personas tiene a su cargo la implementación de esta herramienta para las madres gestantes. La República publica la Guía como contribución a su debate.