Derecho a la ciudad es derecho a servicios humanos, por Verushka Villavicencio

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En medio del COVID-’19, el derecho a la ciudad se reinventa porque ya no se trata sólo del uso del espacio público sino de un espacio de encuentro cuya seguridad preserve la vida de los ciudadanos ante el virus. El espacio público ya no es sólo un lugar de tránsito o de disfrute, sino que se ha convertido en un lugar donde el ejercicio del derecho demanda del Estado acciones claves.
La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad propuso el año pasado tres ejes de trabajo: fortalecer los servicios públicos comunitarios; avanzar hacia una sociedad de cuidados reconociendo el rol de las mujeres como cuidadoras de hogares y de la comunidad; y la economía al servicio de la vida y el bien común.

Ahora en medio del COVID-19, la plataforma recoge algunas buenas prácticas, una de ellas es la del gobierno de Bahrain, estado soberano insular asiático situado en la costa este del golfo Pérsico, que pagará las facturas de electricidad y agua de individuos y empresas durante tres meses a partir de abril de 2020. Otra que asegura el acceso a agua potable, es en Colombia donde se ha reconectado al sistema de acueductos a cerca de 200 mil familias que no tenían el servicio de agua potable por falta de pago, además se les ha congelado las tarifas de agua mientras dure la emergencia. Aquí en Perú lo que se brinda son facilidades para el fraccionamiento de deudas, pero aquellas familias que no logran pagar, limitan su derecho al agua segura. ¿Será posible semejante situación que coloca en riesgo la vida humana?

Hoy muchos ciudadanos no pueden pagar sus alquileres en todo el mundo. Una buena práctica recogida por la Plataforma sucede en España, donde los desahucios por impago de alquiler están paralizados por 6 meses después de que haya finalizado el estado de alarma. También se ha aprobado una moratoria de 3 meses en el pago de hipotecas. Ambas medidas están destinadas a los colectivos vulnerables. Y ¿qué pasa en Perú? Para el abogado Carlos Chueca “es ilegal, que alguien pretenda sacar a la fuerza de un domicilio a un inquilino”. Sucede que para desalojar a un inquilino se necesita una sentencia judicial de lo contrario, el inquilino puede denunciar al propietario penalmente. No obstante, seguimos viendo en TV desalojos de inquilinos. Lejos está la presencia de los serenazgos municipales para el auxilio. Aún no comprendemos que el problema de uno es de todos.

Hasta aquí hemos dado cuenta de dos derechos: derecho a la salud y el derecho a la vivienda. Pero un derecho vulnerado es “vivir libres de violencia”. El registro de violencia a nivel mundial antes de la pandemia era que 1 de cada 3 mujeres sufría violencia física o sexual en el mundo. Una buena práctica recogida por la Plataforma es la implementada por la Secretaría de Políticas para la Mujer del Distrito Federal de Brasil que lanzó la campaña «Mujer, no estás sola» con servicios de emergencia, centros de llamadas y otros servicios para asistir, albergar y proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia debido a las medidas de aislamiento social por la pandemia.

Otro buen ejemplo es en Montevideo, el municipio amplió los servicios de atención creando un Programa Comunal de Mujeres, este espacio ofrece atención y servicios gratuitos a las mujeres en situación de violencia doméstica.

Y ¿qué sucede en nuestro país? Sólo entre el marzo y agosto se atendieron alrededor de 14.583 casos de violencia contra la mujer, según registros de los Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU), formados desde el Ministerio de la Mujer, para atender a las víctimas de violencia durante el aislamiento social obligatorio. Los casos más frecuentes son violencia física. Las regiones donde más se perpetua este tipo de violencia durante la pandemia son Cusco y Junín con 2.494 y 2.067 casos, respectivamente. Seguidos por Lima Metropolitana (1.522), Huánuco (1.337) y Ancash (1.199).

El presupuesto para el 2021 ya se aprobó. Es el turno de los gobiernos regionales y locales para implementar servicios humanos con la participación de la empresa privada y diversas organizaciones. Hay tres pilares para asegurar el derecho a la ciudad: la distribución espacial accesible, la dimensión simbólica que incluya la diversidad cultural y la dimensión política. Cada pilar responde a acciones y metas que se pueden adoptar desde el Estado conociendo la necesidad de la población. En esta lógica, requerimos “Servicios humanos” que conectan con la necesidad de la población articulados con las organizaciones públicas y privadas.

El verdadero derecho a la ciudad es el derecho a servicios humanos eficientes y eficaces cocreados con la participación de todos los actores que estén dispuestos a aportar.
Ciudadanos al Día 2020 en nuestro país reconoció este 25 de noviembre las mejores buenas prácticas de gestión del Estado a nivel nacional. Estamos seguros que en el Bicentenario tendremos mejores indicadores de impacto en el bienestar ciudadano, con nuevos y mejores “servicios humanos”.

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