Derechos humanos: De nosotros depende poner un límite al COVID-19, por Fernando Valverde
El gobierno acaba de ampliar el estado de emergencia hasta el domingo 24 de mayo con el fin de enfrentar nuevamente una dura batalla contra el coronavirus. Este nuevo confinamiento obedece a que en las últimas semanas se ha venido incrementando la cifra de contagiados. Según reporte del Ministerio de Salud, al presente subió 68,822 y aumentó a 1,961 la cifra de fallecidos. Cabe preguntarnos: ¿esta decisión fue la correcta o no? ¿qué hubiera pasado si se daba por termino el aislamiento social y todos volvíamos a nuestras actividades? Lo más probable es que el contagio se hubiera multiplicado en cuestión de días, toda vez que este se produce a través del contacto que se da entre personas infectadas y en esas condiciones era poner en grave riesgo la salud pública de toda la población.
El aumento de casos positivos no solo se viene dando en la capital sino también en el interior, con la cruda realidad de lo que está pasando en los hospitales públicos y el colapso visto del servicio sanitario sin respuesta inmediata, afectando no solo a pacientes sino extendiéndose al propio personal médico. Debemos reconocer que durante todo este tiempo se han dictado todo tipo de medidas excepcionales para paliar los efectos del COVID-19 con el objetivo de controlar a este “enemigo invisible” pero es duro de roer e imparable en el contagio mortal. Tenemos que ser autocríticos la ciudadanía no ha colaborado íntegramente para evitar el contagio. Depende de nosotros poner un límite al avance del coronavirus para retornar seguros, controlados y con cuidado a nuestras actividades evitando todo contagio posible en el futuro.
Con la llegada de la pandemia ha devenido en una crisis, no solo sanitaria, con infectados y pérdidas de vidas humanas, sino con repercusiones económicas y sociales. Por lo tanto, actualmente estamos viendo los efectos de este mismo y se agravará aún mas de cara al futuro. Es ahí donde nuestros derechos se verán afectados en todo orden. Sí bien es cierto, es una necesidad para la población acudir a los servicios que requiera y por otro lado buscar ingresos económicos para sus familias, no deben ponerse en riesgo la vida, la integridad y la salud de las personas y de los miembros que integran el núcleo familiar.
Por otro lado, los gobiernos regionales y municipales deben intervenir de manera eficaz en el ámbito de sus competencias, coadyuvando de mejor forma en la atención, en el orden de los servicios y en el cumplimiento del aislamiento social obligatorio decretado. Es deber de ellos proteger también los derechos fundamentales de las personas, de no hacerlo serán responsables por no intervenir salvaguardando los derechos de la población en tiempo de crisis.
Una reflexión final esta pandemia ha revelado por un lado nuestra realidad social, desde nuestras carencias, deficiencias en los servicios sanitarios, la informalidad laboral, el hacinamiento, la sobrepoblación en las cárceles, las precarias condiciones de infraestructura en la que conviven los internos y nuestra falta grave de obediencia de las personas por no acatar la cuarentena. Por otro lado, nos ha permitido valorar, más allá de los temores y la adversidad, el valor de la vida, el valor del amor, el valor de la humildad, el valor de la solidaridad, el derecho a la esperanza y la unidad familiar y espiritual entre todos.
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