¿Deseos o derechos?, por Raúl Bravo Sender

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Con la euforia por el reciente plebiscito en Chile por medio del cual la
ciudadanía chilena se ha inclinado por cambiar de Constitución, se ha desatado
una oleada de opiniones en suelo nacional que empiezan a plantear el
sempiterno debate entre retornar a la Constitución de 1979 o dar una nueva
Carta Magna. Pues bien, ello obedece a nuestra tradición jurídica que cree que
todo se soluciona desde el poder y por decreto.

Se cree que por arte de magia, como un borrón y cuenta nueva, con una nueva
Constitución se logrará ahora sí el tan anhelado desarrollo nacional, con
inclusión social, y todas esas cosas etéreas que no son más aspiraciones y
deseos, más no derechos. Todos deseamos una sociedad más justa, pero ello
no depende que se plasme en un papel si no de una serie de condiciones,
ajustes y arreglos que se van dando y cayendo por su propio peso, más no
porque forcemos un nuevo texto constitucional.

América Latina es tributaria del sistema jurídico romano – germánico. Sistema
en el cual la principal fuente del derecho es la ley. Por ello esa vocación por
pretender darle solución a los problemas nacionales dando más leyes que, en
realidad, terminan agravándolos, pues más leyes significan más
entrampamientos y costos de transacción. Toda esta legalidad, centralmente
diseñada y planificada por una red de burócratas e ingenieros sociales, es el
resultado de la desconfianza que prevalece entre todos los peruanos.

En efecto, todos quieren que sus parcelas o cuotas de intereses se encuentren
plasmadas en la Constitución. Que en el fondo no son más que deseos,
aspiraciones y pliegos de necesidades que, una vez redactados –y oleados- en
el texto constitucional, se convierten en privilegios. Las personas exigen a voz
en cuello educación, salud, trabajo. Pero se olvidan que alguien debe asumir el
costo de la satisfacción de esas necesidades.

Más allá que se esté de acuerdo o no con el contenido de la Constitución de
1993, recordemos nuestra tradición constitucionalista. Así, entre los años 1823
y 1839, es decir, en un período de 16 años, tuvimos cinco Constituciones (las
de los años 1823, 1826, 1828, 1834 y 1839). Y a lo largo de ya casi doscientos
años como República independiente, hemos tenido doce Cartas Magnas.
Doce veces ha nacido el Perú como Estado. Y todas nuestras Constituciones
son el reflejo de las crisis políticas por las que hemos atravesado. Existen
sectores en la sociedad que se han acostumbrado a ver en las Constituciones
la concretización de sus sueños y aspiraciones políticas e ideológicas, y si no lo
logran, procuran por todos los medios hacerlo, aunque ello demande
desestabilizar a la democracia y al estado de derecho.

Es cierto que el régimen de Augusto Pinochet fue una dictadura. No lo justifico.
Y entiendo que pueda haber malestar sobre el contexto en que fue redactada la
Constitución chilena. Sin embargo, no pueden negarse los grandes logros que
trajo para el país sureño. Ahora, alegar que la misma ha generado desigualdad
entre ricos y pobres, no creo que sea un argumento válido, pues Chile ha
mostrado en los últimos años en la región los mejores índices de crecimiento,
desarrollo y erradicación de la pobreza, liderando incluso los estándares de
libertad económica.

¿Hacia dónde va Chile? No lo sabemos. Sin embargo, podemos preverlo por
los aplausos y gestos de aprobación de los agitadores que vienen llevando –o
llevaron en su momento- al vacío a sus respectivos países en la región.
¿El Perú le seguirá los pasos? Tampoco lo sabemos. Todo dependerá de la
madurez de nuestra sociedad y de aquellos demagogos que ven en todo esto
una oportunidad para cambiar lo que nos ha permitido durante los últimos 30
años ir superando la pobreza. Que no nos ganen las animadversiones
personales (patológicas) que puedan tenerse hacia quien bautizaron como
“Chinochet”. No personalicemos la política peruana. El futuro del país vale más
que una persona.

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