(Des)gobierno de lujo, por Diethell Columbus

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El fin de semana pasado y luego de una reunión que sostuvieran con el Contralor General de la República, el renunciante Ministro de Transportes y Comunicaciones anunció que se dejaría sin efecto unilateralmente la adenda y el contrato suscrito con el consorcio Kuntur Wasi. Según lo declarado por Martín Vizcarra, la decisión se tomó porque no habría el consenso necesario con el Parlamento y con la Contraloría General de la República.

En este contexto, resulta inadmisible que un representante del Poder Ejecutivo señale que un contrato incurre en causal de resolución o nulidad porque dos entidades (ajenas a las partes que lo suscriben) no están de acuerdo con su contenido, cuando lo correcto es que el término de una relación contractual debe sustentarse en el incumplimiento de exigencias técnicas y/o legales y, esto último, es lo que la Contraloría General de la República puso en conocimiento del Gobierno y de la ciudadanía en general, vale decir, que es en función a las presuntas irregularidades informadas por el órgano de control que decidieron finiquitar unilateralmente relaciones con Kuntur Wasi y de paso aceptar la renuncia del vice presidente Vizcarra a la cartera de Transporte y Comunicaciones.

Es de mencionar que pese a que la normativa vigente no establece que las opiniones de los órganos de control son “palabra santa” o tienen efecto vinculante, el Gobierno decidió motu proprio acoger las observaciones formuladas; aceptando implícitamente que la adenda suscrita a instancia de Vizcarra era lesiva para los intereses del país (al igual que el contrato original suscrito en la administración Humala Heredia).

Para complicar aún más el panorama de este Gobierno y como parte de su acostumbrada rutina autodestructiva, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un comunicado en el que, procurando arreglar el estropicio, acotó que las observaciones de la Contraloría General de la República no tienen sustento técnico y, por ende, la adenda de Chinchero era perfectamente válida y sostenible legalmente. ¡Increíble que exista tanta improvisación!

¿Si la adenda estaba bien planteada como señala el MEF, entonces por qué decidieron dejarla sin efecto? ¿No hubiese sido mejor defender su posición como Gobierno? ¿Acaso los tecnócratas gobiernistas no emitieron los informes que respaldaban técnica y legalmente la suscripción de la adenda? ¿Por qué ahora todos señalan solo a Vizcarra por el tema Chinchero, cuando esto fue una decisión de Gobierno?

No debe llamar la atención si el nuevo titular del MTC anuncia que luego de analizar el caso, no aceptarán las observaciones de la Contraloría General de la República y que la adenda y el contrato ¡Van!

Finalmente y ante este desmadre, cabe señalar que podemos tener un buen o un mal gobierno, pero lo que no se puede permitir es que haya un desgobierno y, lamentablemente, la incapacidad de esta gestión para defender sus fueros (como en el caso Chinchero), lo único que hace es contribuir a que se llegue a ese indeseable punto y, además evidencia que la gestión PPKausa no solo carece de habilidades políticas sino que también deja en claro que sus tecnócratas están “pintados en la pared”. Quizá entendieron mal cuando se reclamaba que el gobierno no tenía “cuadros”.

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