Dignidad es acceder a todos los derechos, por Verushka Villavicencio

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Comprar un auto, pedir crédito para realizar un emprendimiento, casarse, ceder una herencia, firmar un contrato de trabajo, realizar trámites judiciales, son algunas acciones que demandan expresar una voluntad jurídica. Estas acciones no eran viables para las personas con discapacidad dado que no eran considerados sujetos capaces de adquirir responsabilidades y obligaciones. Esta óptica equiparaba la discapacidad con la incapacidad, en el caso de las personas con discapacidad intelectual y discapacidad mental, se les sometía a un proceso de interdicción y asignaba a un curador, para que decidiera por ellas. A esta situación se le denominó “muerte civil”, pues no podían cuestionar las decisiones del curador. Internamientos, despojos de bienes y otras situaciones de violación de derechos humanos se respaldaron en la figura del curador durante muchos años en nuestro país. Parece un cuento de horror, pero fue verdad.

Desde la aprobación del Decreto Legislativo N° 1384 en el 2018, en el Perú se marcó un hito a nivel internacional porque se reforma el Código Civil y se logra la aprobación de una norma que reconoce la capacidad jurídica para las personas con discapacidad para que puedan ejercer sus derechos al igual que todos los ciudadanos.

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea que la diferente capacidad mental no debería ser una razón para restringir los derechos. Así tener discapacidad mental o intelectual no debería impedir que se accedan a ellos. Significa que las personas con discapacidad tienen amplia libertad para tomar decisiones y que el Estado debería garantizar que puedan acceder a los apoyos que requieran para expresar su voluntad. Una voluntad que los convierte en sujeto de derechos y de obligaciones como todos los ciudadanos. La figura del curador cambia por la de un “apoyo” que no decide por la persona con discapacidad sino que expresa su voluntad ante otros. Puede ser una persona natural, una institución pública o una persona jurídica.

Entonces, comprar un auto, pedir un crédito para un emprendimiento, abrir una cuenta bancaria, casarse no debería representar un trámite engorroso. Pero sucede que aún no se garantizan dos condiciones para que estos trámites fluyan: la accesibilidad universal y los ajustes razonables.

En el transporte, el entorno, la comunicación y la información, tanto en las instituciones públicas como privadas no han logrado implementar medidas que permitan el acceso, circulación, uso y disfrute de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones como los demás ciudadanos.

Garantizar el acceso a la justicia es un derecho que asegura la calidad de vida que aún está pendiente. Los jueces y fiscales aún no comprenden la importancia de tener intérpretes de lengua de señas, uso de información audible y en sistema Braille, portales web con información audible, etc. El pasado 12 de febrero el fiscal provincial Víctor Valera Prado consiguió 20 años de pena privativa de la libertad para Guillermo Salinas Veliz, por el delito de violación sexual en agravio de una adolescente de 14 años con discapacidad mental. La sentencia se produjo después de la prueba de ADN a la bebé y al violador. Significa que determinar la responsabilidad penal del imputado necesitaba de esta prueba. Entonces, cuáles son las medidas de accesibilidad en la comunicación y cuáles son los ajustes razonables que hacen falta para que estos casos se solucionen de forma inmediata. Imagino 9 meses de zozobra para la familia de la adolescente con discapacidad mental. Trato de comprender cómo una madre adolescente con discapacidad mental puede salir adelante vivenciando una experiencia de este tipo. Cuáles deberían ser las medidas que hacen falta para dar solución inmediata a casos como este.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó el pasado martes 11 de febrero una conferencia para explicar cuáles son los avances en el Estado respecto al ejercicio de la capacidad jurídica. Sara Gaspar Pacheco, integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, comentó que si bien tienen un Protocolo de Atención Judicial aún se encuentran en proceso para interconectarse con la base de datos del RENIEC a fin de identificar apenas una persona con discapacidad ingrese una demanda para darle una atención priorizada. A su turno, María Luisa Chávez Kanashiro, Directora de Políticas en Discapacidad del CONADIS, mencionó que está pendiente la elaboración de una estrategia para la adecuada implementación del sistema de apoyo y salvaguardas así como el diseño de una política nacional para las personas con discapacidad cuyo impacto sea a nivel nacional. Y finalmente, Susana Stiglich, presidenta de la Fundación de Personas Sordas del Perú, enfatizó la gran necesidad de viabilizar el acceso a la justicia para todas las personas con discapacidad que en la vida diaria encuentran situaciones que vulneran sus derechos. En su caso como líder de la comunidad sorda, resaltó la necesidad de tener intérpretes de lengua de señas en los servicios públicos y en las instituciones privadas como una tarea pendiente rumbo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

La accesibilidad es el camino para el ejercicio de los derechos. Camino que necesitamos recorrer a paso acelerado por nuestra dignidad como humanidad.

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