El Congreso de la República debe botar a Alejandro Yovera de sus filas. El verbo correcto aquí, formalismos aparte, no es “expulsar” o “desaforar”. Al señor Yovera se le debe botar, como quien bota aquello que ensucia o intoxica el ambiente. Su prontuario lo justifica largamente.
Yovera ha mentido en su hoja de vida, señalando que tenía una maestría que no tenía, lo que le valió una primera suspensión por 120 días. Asimismo, ha falsificado una conciliación extrajudicial para evitar pagar una pensión de alimentos a su esposa e hijos (cosa por la cual no fue suspendido y que nos dice bastante de las prioridades del Congreso). Finalmente, se descubrió que se habría beneficiado de préstamos brindados a seis de sus trabajadores con su aval. Este señor es, en buena cuenta, toda una joyita. Que su suspensión sea bloqueada por el humalismo no es siquiera tan controversial como el hecho mismo de que haya permanecido cuatro inmerecidos años como miembro del primer poder del Estado.
El impasse en el Congreso que tuvo lugar la semana pasada (y que dista mucho de una “crisis” como algunos políticos y prensa irresponsables han aseverado) tiene en su epicentro a este congresista y la negativa de varios de sus colegas para ejecutar lo que el Poder Judicial ya ha dispuesto, pues existe una sentencia de por medio. No obstante, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, ha evitado incluir este asunto en las últimas sesiones del Pleno, en lo que constituye un comportamiento claramente irregular. Sea por espíritu de cuerpo, o por puro cálculo político (el señor Yovera es un voto leal para el gobierno pese a haber sido elegido por el fujimorismo), la señora Solórzano ha logrado desprestigiar aún más a la institución que preside y se ha unido a una larga lista de presidentes del Congreso a los que sería preferible olvidar.
El parlamento debe dar un primer y tímido paso para recuperar la confianza de los peruanos, y ello pasa por borrar a Yovera de su registro de asistencias. Es por eso que en este diario respaldamos la decisión de la oposición de rehusarse a participar en las sesiones del Pleno hasta que este tema se incluya en la agenda. Aunque en Lucidez hemos respaldado (aunque con cautela) el pedido de facultades del Ejecutivo, creemos que la institucionalidad política es tan importante como las medidas en economía y seguridad que el gobierno busca implementar.
No se trata, por lo tanto, de amenazar con “gobernar por decreto” como lamentablemente señaló el premier Pedro Cateriano en un nuevo y lamentable exabrupto de su parte. La atención del primer ministro debería en cambio centrarse en convencer a la pareja presidencial de que un voto en el Congreso no vale tanto alboroto. Contrario a lo que cree el mismo presidente, se puede gobernar con la oposición al mando del parlamento y sin tratar al mismo como una mesa de partes. Simplemente tiene que existir una verdadera vocación para el diálogo, no de la manera superficial y mediática con la que ha enfocado los conflictos sociales, sino de manera auténtica y sincera con los demás actores políticos.
El régimen humalista tiene hoy una primera oportunidad para enmendar el rumbo e interiorizar estas lecciones, pues el Consejo Directivo del Congreso decidirá la suerte del señor Yovera esta mañana. Por el bien del país, y el prestigio de sus instituciones políticas, esperamos que la señora Solórzano (y el presidente y su esposa, pues ellos son quienes deciden en la práctica) haga lo que debió hacer hace ya mucho tiempo. Boten a Yovera.