Editorial: Controlados

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Las congresistas de Fuerza Popular, Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, han presentado un proyecto de ley que, a todas luces, significa un atentado contra la independencia de los medios de comunicación. A simple vista, dicho proyecto parece inocuo y, hasta cierto punto, bien intencionado, y es que parece diseñado para combatir la corrupción y, al mismo tiempo, salvaguardar los derechos de la ciudadanía. En esa línea, el proyecto busca que todos los condenados e investigados por corrupción no puedan ejercer el cargo de directores, editores, productores o gerentes generales en medios de comunicación y, también, crear una veeduría ciudadana regulada por el MTC encargada de cerciorarse de que los medios propaguen “información neutral, objetiva y desinteresada”.

Sin embargo, esto que parece concebido únicamente con el ánimo de beneficiar a la ciudadanía, puede resultar en todo lo contrario. Y las razones para ello son simples.

En primer lugar está la propuesta de prohibir a los condenados e investigados por corrupción de ejercer los citados cargos en un medio de comunicación. Desde ya, el hecho de que el Estado tenga incidencia en a qué personas contrata una empresa privada, es sumamente peligroso. El sentido común de cualquier empresario siempre será no contratar a alguien que haya cometido actos de corrupción y, seguramente, tendrá muchos reparos si se trata de contratar a alguien que está siendo investigado por el mismo delito. Sin embargo, la decisión es finalmente de la empresa y no cabe duda que los lectores, radioescuchas o televidentes le harán saber cuán inteligente fue su decisión de contratación consumiendo o no los contenidos del medio de comunicación. Una prohibición del tipo que propone Letona y Aramayo, priva al público de decidir lo que consideran es bueno o malo para ellos.

Luego, el hecho de que baste con estar siendo investigado para que se prive a alguien de trabajar en un medio de comunicación, socava la presunción de inocencia de las personas involucradas, imponiéndoles un castigo por un crimen que no es seguro que hayan cometido. Empero, ese no es el verdadero problema, si la sola investigación basta para ser cesado de un medio, será muy fácil para un político cerrarle la boca a un periodista que considera incómodo. Así, por ejemplo, los incentivos para que un medio de comunicación investigue a fondo alguna irregularidad en el trabajo de una autoridad, terminan reduciéndose ante el temor de que los directivos sean echados a la calle fácilmente.

Después está el punto de la veeduría. Como se dijo al comienzo, el propósito de dicho cuerpo será garantizar la distribución de “información neutral, objetiva y desinteresada” en los medios de comunicación. El problema ahí reside en quién será el que defina que constituye exactamente esos términos. Si se le otorga al Estado la responsabilidad de definir dichos puntos, se corre el riesgo de que ello sea hecho con la intención de velar por sus intereses o, en el peor de los casos, para silenciar a un medio cuya opinión diverja de la que es mejor para el gobierno.

Los medios de comunicación, por su parte, siempre han apuntado a lograr dichos ideales de neutralidad, objetividad y desinterés, sin embargo, difícilmente se puede pretender que los hechos sean vistos desde una perspectiva particular. La subjetividad, inherente al ser humano, hace imposible que la objetividad sea alcanzada en su totalidad. Ante esa realidad, la nutrida oferta de medios de comunicación ofrece una solución y es que el consumidor, teniendo a su disposición distintos medios con distintas líneas editoriales, puede construirse una imagen más nítida de los hechos. La estandarización, no obstante, de lo que implican estos términos por personas sin capacidad de saber qué es bueno para todos y cada uno de los ciudadanos, pone en riesgo la integridad de dicha diversidad.

Con esto en mente, no cabe duda de que la propuesta de los parlamentarios de Fuerza Popular para controlar los medios de comunicación, pone en riesgo la independencia de los mismos y condiciona en gran medida su rango de acción. Todos los estados totalitarios de la historia se han amparado en la regulación de los medios para perpetuar sus ultrajes y trabar la fiscalización que estos llevan a cabo y los ciudadanos tienen que garantizar que esto no suceda en aras de proteger su propia libertad.

Desde Lucidez creemos en una única forma de control de medios y esa es la que se viene practicando hace varios años en nuestro país: la llevada a cabo por los consumidores. Solo los que consumen medios de comunicación están capacitados para decir qué merecen y qué no, la mano del Estado solo hace que peligre dicho control.