Hubiera constituido un exceso de optimismo pensar que el régimen autoritario de Nicolás Maduro iba a permitir el desarrollo del plebiscito revocatorio que amenazaba con desbaratar su gobierno. Así, nos llega como sorpresa que, valiéndose de subterfugios leguleyos, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela haya decidido suspender hasta nuevo orden judicial el cumplimiento de la recolección de firmas, el último requisito para habilitar el proceso de revocación.
La reacción de quienes se oponen al régimen fue la que se esperaba y, más allá de la ‘toma de Venezuela’ que llevó a miles de personas a las calles, desde la Asamblea Nacional –que cuenta con mayoría opositora– se ha planteado la posibilidad de iniciar un juicio político a Nicolás Maduro. El chavismo, sin embargo, ha demostrado que tampoco se quedará de brazos cruzados ante esta posibilidad, ya que el pasado 24 de octubre un grupo de matones asaltaron la Asamblea mientras la medida se estaba discutiendo, equipados, entre otras cosas, con iconografía chavista y banderas del Partido Socialista.
La lista de atentados contra la democracia, sin embargo, no queda ahí. El miércoles, Diosdado Cabello, el número dos del chavismo y otrora vicepresidente de Hugo Chávez, lanzó una amenaza directa para quienes pretendan sumarse a la huelga convocada por la oposición para presionar al régimen de Maduro: «Lo conversé con el presidente, empresa que se pare, empresa tomada por los trabajadores y la Fuerza Armada», dijo.
Ante estas circunstancias, cualquier duda posible sobre la entraña dictatorial del régimen de Maduro, tendría que haber quedado disipada. Si lo que se requiere para definir un mandato dictatorial es un golpe de Estado, eso es justamente lo que está pasando cuando, desde el Ejecutivo, se amenaza la autonomía de los poderes, se irrumpe violentamente en el parlamento y se utiliza a las fuerzas armadas para limitar el libre ejercicio de las prerrogativas democráticas de los ciudadanos.
La izquierda nacional, sin embargo, ante esta tesitura, ha tenido una reacción tímida que, una vez más, revela cuán contemplativos pueden ser con los autoritarismos que se acercan a su línea ideológica. Así, los dos legisladores del Frente Amplio que forman parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, se abstuvieron de firmar el pronunciamiento que condena la actitud de Maduro en Venezuela. Uno de ellos, Wilder Rozas, justificó su decisión diciendo “nosotros no podemos estar influyendo desde fuera”, también indicó que dicha determinación la hicieron a título personal, no obstante, si se recuerda lo sucedido en la campaña electoral, mucho se parece a la posición sentada por Verónika Mendoza y sus adláteres.
La única que ha postulado una posición más firme contra Maduro ha sido Marisa Glave, calificando su accionar de autoritario. Sin embargo, aunque cabe reconocer que es una evolución favorable de la posición que sostenía antaño, la condena ha sido hecha, por decirlo de una manera, de puntillas. Así, se empeñó en recalcar que lo manifestado era “a título personal”, para que no se confunda con la postura de su bancada y aprovechó para reiterar su creencia en las supuestas “prácticas golpistas” de “la derecha Venezolana”.
Lo cierto, sin embargo, es que todos aquellos que creen en la democracia como sistema de gobierno, tienen que condenar lo que está sucediendo en Venezuela y todo menos que eso denota una complicidad con la dictadura. Resulta preocupante, entonces, que existan políticos en el Perú incapaces de reconocer tamaña realidad.
Venezuela ha vivido una dictadura desde el génesis del chavismo. Nicolás Maduro, por su parte, es un dictador que ha logrado exacerbar esa condición, agravándola, madurándola y haciéndola innegable el día de hoy.