El Perú acaba de celebrar su cuarta elección presidencial consecutiva que se traducirá próximamente en 21 años de gobiernos democráticos, marcando así un precedente nunca antes visto en la historia republicana. A ello se suma la consolidación de un periodismo libre e independiente de todo tipo de corrupción, al menos, hasta donde se sabe. Esta importante fuerza fiscalizadora se ve obligada hoy a afrontar los remanentes de un autoritarismo estancado en épocas pasadas. Pareciera que el despliegue que empezaba a tener en las postrimerías del siglo XXI, se topa con una muralla que –como si el ministro Jake Valakivi se apropiara de las palabras de George Orwell–, parecen tener en lo alto un cartel que dice “el gran hermano te vigila”.
A excepción de algunos pequeños y contados desaciertos, el periodismo ha demostrado ser un auténtico cuarto poder que permanentemente ha perseguido, a través de la investigación, a todo aquél cuyas conductas o mecanismos para delinquir pongan en peligro el bienestar de los peruanos. Y eso hay que destacarlo por siempre y de ahora en adelante. Ejemplos sobran.
Entre el destape de los ‘vladivideos’, que terminaron de hundir al entonces régimen fujimontesinista; hasta el más reciente, el de los colaboradores ‘fantasma’ en el VRAEM, innumerables o infinitos han sido aportes del periodismo para limpiar desde adentro a los poderes del Estado de los que las encuestas no dejan de lanzar paupérrimas cifras de aprobación ciudadana.
El gobierno saliente, sin embargo, ad portas de las celebraciones por el centésimo nonagésimo quinto aniversario de la independencia del Perú, no tiene mejor forma de honrar a la patria que estrenando un espectáculo de extrema amenaza contra la libertad de expresión y de prensa. Sus voceros –Valakivi, Cateriano, Gutierrez– siquiera han podido presentar, tras meses de divulgado el reportaje de Panorama, los argumentos contundentes por los que estos periodistas cometieron traición a la patria.
Por ello es que la pregunta continúa vigente y el ministro Valakivi (o su jefe inmediato, el Presidente Ollanta Humala), debe responder cuál es el cimiento jurídico que encamina una denuncia penal por traición a la patria contra Rosana Cueva, Karina Novoa y quienes presuntamente se vean implicados en el caso. La precaria y tímida argumentación otorgada por Valakivi en una tartamudeada conferencia de prensa, además de la accidentada presentación ante la comisión permanente del Congreso donde su exposición duró apenas minutos, solo permiten entrever que el gobierno no tiene un panorama claro en el mismo escándalo y que este no es más que un recurso de amedrentamiento contra la prensa. La misma prensa que puso al descubierto las polémicas agendas de la primera dama de la nación, Nadine Heredia Alarcón.