Editorial: Golpe a la democracia

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El día de ayer el presidente Martín Vizcarra, amparándose en una interpretación claramente arbitraria sobre un supuesto rechazo a la cuestión de confianza presentada por el ahora ex presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar, decretó la disolución del parlamento nacional. El presidente tomó esta polémica decisión luego de anunciar, en un medio de comunicación el día previo, que consideraría la elección de los miembros del Tribunal Constitucional como una negación de la confianza. Esta lamentable decisión, cuya legalidad es seriamente cuestionable como lo han indicado diversos juristas y reputados abogados constitucionalistas, no hace más que avasallar nuestro historial democrático y afianzar la crisis política que ha venido perjudicando al Perú en los últimos años.

Las formas por las cuales el Congreso ha venido haciendo uso de sus facultades legislativas y de fiscalización son sin duda criticables. Desde que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia en el 2016, el parlamento ha venido exhibiendo una actitud de evidente prepotencia respecto al actuar del Ejecutivo. Esta conducta ha venido definiendo la reciente labor congresal, a la cual se le han ido sumando diversas anomalías constitucionales que han sido correctamente observadas por diversas bancadas minoritarias en el parlamento. Sólo el día de ayer, por ejemplo, se cometieron algunas irregularidades tales como impedir el ingreso del gabinete al pleno tal como lo garantiza el artículo 129 de la Constitución, al cerrar las puertas.

La deplorable manera como el Congreso ha venido actuando, no obstante, no faculta al presidente Vizcarra a pretender emplear una interpretación subjetiva y laxa de la Carta Magna y alegar una “negación fáctica” para determinar un rechazo a la cuestión de confianza planteada -la cual inclusive fue otorgada- y proceder con la disolución ilegal del Congreso. La negación de la cuestión de confianza requiere una acción -es decir un voto- para determinar si esta fue otorgada o rechazada y no le compete al presidente Vizcarra interpretar esta decisión según una apreciación personal. Este flagrante quiebre del orden constitucional no hace más que petardear la débil institucionalidad política de nuestro país y genera un peligroso precedente para el porvenir, con el cual futuros mandatarios podrán utilizar fantasmas de legalidad y la supuesta legitimidad de la voluntad popular para justificar acciones que contravengan la separación e independencia de poderes.

Por ahora, es imposible determinar cuál será el desenlace de este triste capítulo en la historia de la República. Es evidente, como lo han manifestado diversas instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Lima y la CONFIEP, que el presidente Vizcarra ha incurrido en un quiebre del orden constitucional cuya legalidad eventualmente le competerá al Tribunal Constitucional determinar. Sin embargo, la discusión debe ir más allá de una defensa al actuar del presidente o del parlamento ya que lo que está realmente en juego es el sistema democrático. El cierre del parlamento, sin importar qué tanto el clamor popular rechace a quienes lo compongan, nunca es justificable en un verdadero sistema de democracia representativa. La legitimidad popular no se otorga mediante manifestaciones sino a través de procesos electorales establecidos en la Constitución y, por ende, no está sujeta a tergiversaciones basadas en una aparente monopolización de dicha legitimidad por parte de un sector del gobierno.

En este sentido, queda claro que el actuar del presidente Vizcarra es sumamente condenable ya que no hace más que consolidar un golpe a la democracia en nuestro país. Un quiebre que, indudablemente, generará un lamentable retroceso del Perú. Como dijo el presidente en su mensaje de ayer, estamos “haciendo historia”. Esta, sin duda, juzgará.