Si tuviéramos que resumir los temas que han marcado la pauta en la agenda mediática desde hace ya un buen tiempo, diríamos que son dos los pilares que han sostenido titulares y reportajes destacados: los escándalos que esquinaron permanentemente al Gobierno, y la contienda electoral. El crecimiento de noticias sobre ambos ha ido disminuyendo la atención vertida sobre otros temas –más importantes, de hecho– anteponiendo el juego político por delante de las necesidades más urgentes del país, digamos, la inseguridad ciudadana y el enfriamiento de la economía.
Sin embargo, la preocupación que tenemos todos los peruanos por saber quién llegará a conducir las riendas del próximo quinquenio ha comenzado a opacar las denuncias recaídas sobre los principales representantes del Gobierno. Desplazarlas a un segundo plano es, al menos, alarmante y se corre el riesgo de que el asunto quede inoportunamente zanjado.
En diciembre del 2015, por ejemplo, el Pleno del Congreso aprobó el informe en minoría de la Comisión de Inteligencia, que responsabilizó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), del presunto seguimiento a políticos y periodistas. En este sentido, se debió derivar el caso a la Fiscalía y a la comisión de alto nivel que reorganiza actualmente la DINI, para que se continúe con las investigaciones. Hasta el momento, parece no haberse hecho absolutamente nada. El tema quedó ahí. El presidente, cuasi acusado en el informe, no ha mostrado interés en resolver el asunto.
En ese mismo tiempo el grupo de fiscalización concluyó que se debe iniciar una denuncia constitucional contra las exministras Ana Jara y Carmen Omonte, por las irregularidades en la adquisición y destino de los ocho millones de pañales por el Ministerio de la Mujer. Los delitos de colusión agravada y omisión de funciones se les imputan, respectivamente. Hoy, ambas postulan a la reelección en el Congreso y entre ellas se tiran la pelota de lo ocurrido.
Son muchos los escándalos y pocas las explicaciones, en realidad, que faltarían páginas para narrar los lamentables episodios donde el Presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, son los protagonistas. A ellos los perseguirá, después de abril, la sombra de sus cuestionamientos y habrá que ver cómo buscarán salir ilesos.
Recordemos que con Humala también está pendiente la aclaración respecto del caso de corrupción de Petrobras. El semanario ‘Hildebrandt en sus 13’ reveló que en el 2013 el empresario Ricardo Pessoa, detenido dueño de la constructora UTC Engenharia se reunió con un representante de Humala para luego inaugurar una sucursal de su empresa en el Perú.
A ello, sumémosle los extraños ascensos y nombramientos a altas direcciones que el Presidente otorgó a sus íntimos amigos del Ejército, lo cual comenzó apenas una semana después de iniciado su mandato, con el nombramiento de Víctor Manuel Gómez Rodríguez y Luis Pereyra Briceño en la Dirección de Inteligencia y en Defensa Civil respectivamente. El segundo de ellos, es cuestionado como supuesto responsable de la desaparición de legajos del caso “Madre mía”.
¿Cómo quedarán estos y otros casos luego de las elecciones? ¿Pasarán al olvido o se buscará que sean esclarecidos? Con esta pregunta también instamos al electorado a observar bien a sus candidatos, para que el escándalo no vuelva a conducir al país.