Existen pocos nombres en el universo político peruano que no hayan sido asociados de alguna manera con la telaraña de corrupción de Odebrecht. Se ha hablado de Pedro Pablo Kuczynski, de Keiko Fujimori, de Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y, con especial potencia recientemente, de la ex alcaldesa Susana Villarán. Pero, en nuestro país no han sido solo políticos los que se han visto involucrados con la empresa brasilera. No hay que olvidar que el propósito de los sobornos era conseguir ser contratados para ejecutar obras en territorio nacional, obras que Odebrecht no ejecutaría sola.
Ahí entran a tallar los nombres de las empresas que participaron en estas obras en consorcio con la constructora brasilera que, claramente, también fueron beneficiadas por las gestiones delictivas de esta última. En esta línea, la empresa que se ha visto involucrada con mayor claridad con esta circunstancia es Graña y Montero, la misma cuyas actividades se han visto directamente afectadas por todos los indicios de complicidad con Odebrecht que han ido apareciendo.
Y las estrategias de defensa de estas empresas se han notado como lamentables manotazos de ahogado, que se asemejan más a una súplica de piedad ante la improbabilidad de que salgan inmunes de las investigaciones. Así, por ejemplo, ha sonado mucho la sugerencia de que la destrucción de estas empresas devendría en el prejuicio a miles de trabajadores que hoy integran sus planillas. Aunque la idea de gente perdiendo el trabajo es lamentable para todos, existe mucho descaro en las ex socias de Odebrecht al tratar de delegar la responsabilidad por el inminente desempleo a las autoridades que los investigan, sin reconocer que sus propias prácticas irregulares son la causa principal de esto.
Con esto en mente es fundamental que la justicia nacional haga que todos aquellos que fueron cómplices de Odebrecht en el reparto de sobornos a autoridades, paguen por sus actos. Por el momento se ha prestado especial atención y diligencia a la investigación a personajes de la política, y ahora toca lo mismo con quienes lideran las empresas que participaron en consorcios con Odebrecht. La magnitud de este caso exige que la severidad sea la misma con todos los implicados.
Así las cosas, como dijimos la semana pasada en este mismo espacio, el caso Odebrecht ha cubierto de oscuridad el panorama político nacional. Pero esta situación no tiene por qué ser del todo negativa si se logra utilizarla para identificar con claridad quiénes son confiables y quiénes no. Lo mismo se da en el caso de las empresas y este caso tendrá que servir para que quede claro quiénes juegan sucio y quiénes no, con quiénes se puede hacer negocios y con quiénes no y, sobre todo, quiénes son cómplices de la corrupción de nuestra política y quiénes no.