Abimael Guzmán y su grupo de delincuentes iniciaron Sendero Luminoso con una evidente agenda política. A través de macabros y cobardes atentados buscaron desafiar al gobierno con el objetivo de imponer sus ideas, enchapadas al estilo de los tiranos más grandes de la historia. Hoy, con Guzmán tras las rejas y con la lucha política desaparecida, Sendero Luminoso es una simple banda de narcotraficantes con rezagos meramente epidérmicos y decorativos de su vetusta ‘revolución’. Por este motivo, la semana pasada, en una noticia que fue un tanto eclipsada por los escándalos del oficialismo, Estados Unidos incluyó a Sendero Luminoso en su lista negra de narcotraficantes.
Aparte de las implicancias inherentes a esta determinación, que incluye que los líderes arrestados pueden ser extraditados a los Estados Unidos, este hecho viene con un mensaje tácito a las autoridades peruanas. La decisión de los Estados Unidos es un reflejo de lo que la población peruana reclama y es que el Estado, especialmente el ejecutivo, lidie de forma más efectiva contra los embates del narcotráfico. A la muestra de preocupación de EE.UU se ha sumado la de las Naciones Unidas a través de Yury Fedotov (Director de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), quien visitó el país la misma semana y mostró su incomodidad por la dificultad que existe en el control tráfico aéreo en la zona del VRAEM.
Ollanta Humala prometió, desde su tribuna de candidato, que la lucha contra el narcotráfico sería una de las prioridades de su gobierno. Ministros del interior han ido y venido, incluyendo el sonoro Daniel Urresti y lo único que se ha podido ver es que el gobierno se mantiene impotente ante el crecimiento del narcotráfico, especialmente en el VRAEM donde la verdadera autoridad parece ser la de los narcoterroristas y donde la producción de cocaína parece ser la actividad económica principal.
La triste realidad es que en los Valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro; el Estado de derecho no tiene poder alguno. Los valientes policías que en vano tratan de devolverle el orden a la zona van paupérrimamente equipados, marchando a su muerte, siguiendo órdenes de un Estado que hoy en día parece estar más preocupado en limpiarse de sus propios escándalos que por gobernar. Ollanta Humala debe responder enérgicamente para que el temor de la población de convertirnos en un narcoestado no se vuelva realidad.
En Lucidez creemos que el Estado peruano debe cumplir su deber y luchar contra el narcotráfico de forma categórica, mejorando los pertrechos y condiciones de la policía, orientando los cuerpos de inteligencia a los verdaderos problemas y trabajando para renovar la confianza de la población. Sin embargo tiene que quedar claro que este no es solo un deber para con el Perú sino también para con el mundo al cual nuestro país, al ser el primer productor de cocaína (Hecho que Humala prometió remediar en septiembre del año pasado), envenena año a año con una de las drogas más nocivas. Es nuestra responsabilidad humana ponerle fin al narcotráfico, extirparlo de nuestras instituciones y devolverle al país la tranquilidad.