La semana pasada el Papa Francisco publicó la primera encíclica de su pontifica haciendo un llamado urgente por cambios estructurales para evitar los desenlaces proyectados en los sucesivos informes del IPCC. Por lo tanto, no sólo se trata de un documento dirigido a los católicos o cristianos en temas de Fe, sino que va más allá para dirigirse a toda la humanidad en su conjunto llamando la atención sobre las consecuencias del crecimiento irresponsable de la sociedad global, en desmedro de las colectividades más pobres y de la salud del planeta. Y no se trata de mera especulación o pesimismo. La amenaza causada por la degradación ambiental es real. No obstante, las medidas que como comunidad de naciones hemos tomado no han sido suficientes para evitar las consecuencias irreversibles, como el alza del nivel del mar (entre 1901 y el 2010 el nivel del mar creció en promedio 0.19m y para finales del siglo XXI se proyecta que crezca más del 95% del área oceánica), la desaparición de islas, el incremento de acidificación de los océanos (el pH de la superficie de los océanos ha caído en 0.1, aumentando la acidez en un 25%) o el aumento de la desertificación, entre otros. Todos los cuales recaerán con mayor peso sobre aquellas naciones menos favorecidas por el desarrollo económico humano.
Mientras otros diarios prefieren aferrarse a una visión economisista del desarrollo propia del liberalismo de café y descansar sobre la comodidad del statu quo, nosotros preferimos entender, al igual que el Papa, que “la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”. En ese sentido, entendemos que precisamente por los avances económicos y humanos existe una mayor responsabilidad frente al cuidado del medio ambiente, no sólo para evitar los futuros costos de adaptación a los efectos de su degradación, sino con el fin de preservarlo para las generaciones futuras. Así ha sido establecido en la Declaración de Rio de 1992, en Rio +20 del 2002 y reiterado en Laudato Si’. Esto significa que deben existir mayores mecanismos para la transferencias de tecnologías y la facilitación en el desarrollo de proyectos conjuntos entre Estados desarrollados y en desarrollo con el fin de, por ejemplo, reducir los efectos de la degradación atmosférica. Ya la Convención sobre Protección a la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal, así como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, diseñaron incentivos para incrementar la transferencia de recursos, pero no han sido suficientes para lograr que el sector privado se sume al esfuerzo (y los Estados se lavan las manos arguyendo que son estos los titulares de la tecnología).
Adicionalmente, la Encíclica hace una referencia importante a la relación integral del desarrollo humano y el cuidado de la tierra en que vivimos, entendiendo que nuestro destino esta indesligablemente atado al destino del planeta. Por ello, esta no es sólo una cuestión de protección al ambiente en que vivimos, sino también un elemento fundamental para proteger los derechos humanos. Basta con ver la clara referencia que hace el Papa al problema de los refugiados ambientales, forzados a migrar por las constantes inundaciones o sequías y sin algún mecanismo que los pueda ayudar. Por el contrario, muchos países cierran sus fronteras y se rehúsan escudándose e en que no hay nada en la Convención sobre Refugiados y su Protocolo que los obligue a recibirlos. Y no se trata de pesimismos, sino de la mera realidad, dura para aquellos que la padecen y tal vez demasiado abrumadora para enfrentarla. Sin embargo, de no actuar veremos como el costo, en sufrimiento humano y económico crecerán hasta generar una crisis de proporciones globales. Así las cosas, la protección ambiental debe ser un mandato que parte también de la obligación de los Estados por proteger los derechos y la dignidad de sus ciudadanos.
En consecuencia, como sociedad estamos llamados no sólo a atender los postulados morales ilustrados por el Papa Francisco, sino a la información científica que desde hace años nos advierte sobre los altos riegos y costos de no tomar medidas urgentes. Es decir, cambios profundos que conlleven a la inversión masiva en nuevas tecnologías, que no pueden sólo depender de las fluctuaciones del mercado, sino que deben ser acompañadas por decisión política. Esto no quiere decir que acabemos con la libre empresa, sino que avancemos hacía un modelo económico libre, pero responsable que no privatice las ganancias y socialice los daños. O, por el contrario, como sugirió El Comercio hace unos días, podemos festejar el desarrollo económico con mayor optimismo y olvidarnos del futuro que nos espera.