El día de ayer el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respaldó la posición del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) que declara improcedente la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el tribunal electoral del partido Todos por el Perú (TPP), liderado por el candidato Julio Guzmán. El JNE confirmó que la asamblea nacional extraordinaria, llevada a cabo el 20 de enero, no subsana las irregularidades presentadas en la del 10 de octubre del 2015.
Esto pone en apuros al candidato de TPP pues al invalidarse la asamblea que lo invistió como tal, podría quedar fuera de la campaña. El caso, no obstante, está en manos del Jurado Electoral Espacial (JEE) que, en base al fallo del JNE, podría denegar, finalmente, la candidatura del economista.
Ante la situación Julio Guzmán y sus allegados han dejado claro que lucharán hasta la última instancia, incluso amenazando con llevar el caso a entidades internacionales. Resulta curioso, sin embargo, cómo el discurso de TPP fue cambiando en el transcurso de la polémica. En un comienzo el candidato habló de una supuesta ‘mano negra’ detrás de la situación y hoy, más bien, la defensa se sustenta en el derecho constitucional a votar que, según los fieles tepepistas, estaría siendo socavado si se invalida la candidatura de Guzmán, y en que, en esta tesitura, no se estaría midiendo a los candidatos con la misma vara. Quizá este viraje en la defensa se podría entender como un mea culpa y como una petición altisonante para que, a pesar de las irregularidades perpetradas, se le permita seguir.
Cabe recordar que Guzmán, desde la primera vez que se presentó como candidato ante los medios de comunicación, se esforzó en diferenciarse de los que él denominó como dinosaurios de la política. En nuestro país dichos personajes, también llamados ‘políticos tradicionales’, se caracterizan por muchas cosas, entre ellas está por supuesto la ausencia de valores institucionales que les permitan hacer política desde un partido consolidado. La institucionalidad, en una democracia que tiene la ley como columna vertebral, se alcanza, más que nada, por el cumplimiento cabal de las reglas de juego. La defensa de TPP, que busca sostenerse en los derechos primales descritos en la constitución –como en este caso el derecho a voto–, por válido que el reclamo pueda ser, busca pasar por encima lo representado por la ley y esto no solo constituye un precedente nefasto, sino que se contradice enfáticamente con la voluntad de formalidad alguna vez mostrada por Julio Guzmán.
Pero el líder morado no es el único cuya candidatura está siendo amenazada por la inminente extinción. El caso de César Acuña, que fue captado regalando un total de S/15,000 en distintas oportunidades, podría desembocar, también, en una expulsión de la carrera electoral. Si bien los correligionarios del fundador de la UCV se empeñan en decir que la Ley de Partidos Políticos – promulgada en enero y que prohíbe la entrega de dádivas y la sanciona estrictamente– no se puede aplicar retroactivamente a un proceso iniciado en noviembre, distintos especialistas han asegurado lo contrario. Todo, sin embargo, queda en las manos de las instancias correspondientes.
Este caso, si no termina de dinamitar la candidatura de Acuña desde la acción legal, sin duda, haciendo suma de todas las acusaciones que ostenta el líder de APP, podría ser el tiro de gracia que lo deje sin el apoyo ciudadano.
Esta coyuntura, donde las formas y los métodos irregulares pueden terminar por sacar a más de un candidato de la contienda, debe servir como precedente para que en el futuro, por medio de acciones serias y responsables, se cumpla con todo lo determinado por la ley. En el caso que estas invalidaciones se concreten, los políticos y los partidos implicados tendrán que tener cuidado de no culpar a los jurados de atentar contra la voluntad popular pues la culpa, más bien, recae en ellos que, conociendo el debido proceso, por desidia o viveza no cumplieron con lo mínimo que se exigía para competir con justicia en la campaña electoral.