La autoridad moral es un activo importante para un político. Esta implica, obviamente, la coincidencia armónica entre lo que se predica, lo que se hace y, sobre todo, lo que alguna vez se hizo. Para nuestro pesar, como todo bien valioso, este es escaso y esto, lamentablemente, se nota con particular claridad en la actual configuración parlamentaria, donde la bancada mayoritaria es, a sabiendas de la ciudadanía, el vestigio político de uno de los regímenes más corruptos de nuestra historia.
Así, cuando algunos parlamentarios de Fuerza Popular condicionan el diálogo por la alegada corrupción en ciertos sectores del actual gobierno, pareciera que se olvidan del prontuario tatuado en el ADN de su agrupación. En esa línea, Héctor Becerril dijo: “vamos a seguir con la censura, con la corrupción no se negocia” y, por su parte, Karla Schaefer sentenció: “con una persona (PPK) que tolera la corrupción ¿cómo nos vamos a sentar a dialogar?
Muy aparte de lo nocivo que resulta que la principal bancada opositora se valga de subterfugios disque principistas para evitar el diálogo con el Ejecutivo, lo preocupante es que, de forma un tanto sinvergüenza, se pretenda ver con tanto asco la corrupción cuando, antaño, se fue contemplativo con la misma. Y esta evidente incongruencia no solo se nota si se da un vistazo al pasado noventero del fujimorismo, basta con repasar un episodio de la campaña electoral para demostrar que en Fuerza Popular no solo se han “sentado a dialogar” con un actor involucrado en actos de corrupción, sino que, incluso, han buscado llevarlo a la vicepresidencia. Hablamos, obviamente, del caso de los audios manipulados que presentó José Chlimper a un programa periodístico para desestimar la denuncia vertida sobre Joaquín Ramírez (ex secretario del partido) y la mismísima Keiko Fujimori, con respecto a una investigación de la DEA.
Pero claro, no podemos hablar de la fraterna relación del fujimorismo con la corrupción si no se da un vistazo al génesis de este en la política peruana, en otras palabras, listar algunos de los actos de corrupción cometidos cuando Alberto Fujimori era presidente. Está, por ejemplo, el soborno a congresistas para instarlos a ser tránsfugas en el año 2000. Están los S/ 15 millones que Alberto Fujimori extrajo del erario público para pagarle a Vladimiro Montesinos su CTS. Está, también, el famoso chuponeo telefónico. Está el caso de usurpación de funciones, donde un militar recibió la orden de hacer las veces de fiscal para allanar la casa de Trinidad Becerra (esposa de Montesinos). Tenemos la compra de líneas editoriales (los famosos ‘diarios chicha’) con dinero de las arcas de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia Nacional.
Es evidente, entonces, que en esa época el fujimorismo no solo se mostraba dispuesto a relacionarse con la corrupción, a través de Montesinos y otras joyas, sino que, por medio del entonces presidente, estaban dispuestos a cometerla. Entonces, la reacción lógica de una agrupación asociada con estos antecedentes debería ser buscar deslindar con la corrupción cometida, empezando, como se debe, por reconocerla. Pero lo cierto es que (aunque con menos desparpajo en la última campaña), siempre ha existido en Fuerza Popular el empeño por decorar con eufemismos el crimen (llamándolos errores o asegurando que “nosotros matamos menos”) o, sin mucha vergüenza, reivindicando a los malhechores, así Cecilia Chacón habla de la salida de Fujimori de prisión “por la puerta grande”, Bienvenido Ramírez llama “preso político” al ex presidente y Keiko Fujimori, en el 2011, pedía que las arengas se escuchen hasta la Diroes.
Así las cosas, la novel indignación que la corrupción (ni siquiera del todo confirmada) suscita en el fujimorismo es fácilmente eclipsada por la flagrante ausencia de autoridad moral que tiene la agrupación para tocar el tema. Empero, lo verdaderamente preocupantes es que amparándose en una construida ventaja moral se busque evitar el tan necesario diálogo entre fuerzas políticas que exige el país para su desarrollo. Entonces, habría que pedirle a Fuerza Popular que recobre un poco de humildad, haga uso de su pasado y, a través del trabajo con el presidente que la ciudadanía eligió, empiece a enmendar el daño que sus fundadores le hicieron al país.