Editorial: Tiempos difíciles, decisiones difíciles

La elección de junio no se tratará de elegir entre estilos de gobiernos democráticos, sino de elegir entre la democracia misma y el totalitarismo.

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El país atraviesa por una crisis sanitaria que, hasta el momento, ha cobrado la vida de más de 56 mil personas (según cifras oficiales), que ha originado la quiebra de miles de empresas y que ha sumergido en la pobreza a millones de peruanos. A ello se le suma crisis políticas, leyes nocivas aprobadas por el Congreso de la República y una vacunación lenta que dificulta la reactivación económica y el retorno a la normalidad. En ese escenario, millones de peruanos acudieron a las urnas a elegir un nuevo rumbo.

El 28 de julio asumirá el nuevo presidente de la República, quien encontrará un país en crisis sanitaria y económica, pero, sobre todo, en crisis moral. Los dos candidatos que disputan la segunda vuelta, si bien se encuentran en las antípodas ideológicas, tienen una enorme coincidencia. Ambos representan la inconformidad de ciudadanos que, por diversos motivos, se hartaron de la incompetencia, de la pobreza y de la inseguridad. Sin embargo, las soluciones que proponen ambos candidatos para solucionar aquellos flagelos se diferencian radicalmente.

Por un lado, el candidato Pedro Castillo propone no un Estado presente, sino un Estado asfixiante que prive de oxígeno a la libre empresa, a la prensa y a la propiedad privada. Propone un sistema en el que sea el Estado el planificador central, cuyos burócratas decidirán por los ciudadanos las actividades económicas que podrán realizar. Un Estado que reemplace la iniciativa privada por un Estado empresarial. Es decir, propuestas económicas que se aplicaron en el Perú y en diversos países del globo, y, en todos ellos, generaron pobreza y crisis económicas. Asimismo, el candidato Castillo y el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien ha sido sentenciado por negociación incompatible en agravio del Estado, sostiene que Venezuela es una democracia, incluso Cerrón aseguró que Venezuela “tiene una pobreza envidiable”. Además, el exgobernador de Junín sentenciado por corrupción también aseguró que no armarán una hoja de ruta tal como la hizo Ollanta Humala en 2011. Es decir, no están dispuestos a ceder en ningún punto de su agenda de izquierda radical. En esa misma línea, genera preocupación que el candidato Castillo sostenga que, de ocupar la jefatura del Estado, disolverá el Congreso y el Tribunal Constitucional. En otras palabras, explícitamente promete violentar la Constitución y las leyes de la República. Aquello es igual de preocupante que tres de los virtuales congresistas electos por Perú Libre estén vinculados con el MOVADEF, brazo político de Sendero Luminoso.

Por otro lado, la candidata Keiko Fujimori reconoce a la iniciativa privada como generadora de riqueza y asegura que en un eventual gobierno suyo se respetará la Constitución y el capítulo económico. Asimismo, en reiteradas ocasiones ha asegurado que no se repetirá un 5 de abril. Sin embargo, es una candidata que cuando tuvo el poder, representado en el Legislativo con una estruendosa bancada de 73 congresistas, lo utilizó para acorralar al Ejecutivo, blindar a funcionarios cuestionados y generar la crisis que culminó con cuatro presidentes en cinco años. Asimismo, si bien ha anunciado que no repetirá los “errores” de su padre, se niega a calificarlos como delitos y anunció que, de llegar a Palacio, utilizará su facultad presidencial para otorgarle el indulto. Además, la candidata Fujimori es investigada por la Fiscalía por el presunto lavado de activos. Entonces, entre aquellos dos candidatos, el Perú tendrá que elegir.

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Ante las explícitas amenazas al Estado de Derecho y la preocupación que genera la propuesta de Perú Libre, Lucidez considera que la opción de Fuerza Popular es menos nociva para la democracia, las instituciones y la economía. Además, a diferencia del candidato Castillo, la candidata Fujimori ha manifestado estar dispuesta a dialogar con otros partidos y a tender puentes en un eventual gobierno suyo. Sin embargo, la preocupación que genera la candidata Fujimori y su entorno es justificada y válida, y de ninguna manera se le puede otorgar un cheque en blanco en un eventual gobierno suyo. Por ello, la candidata Fujimori tiene que garantizar, en primer lugar, la absoluta independencia de poderes y la ausencia de todo tipo de blindaje a cualquier funcionario público, sin importar su tinte político; en segundo lugar, convocar a un gabinete multipartidario, cuyos integrantes garanticen que las decisiones que se tomarán en el Ejecutivo serán consensuadas y no aprobadas con firmas condescendientes de ministros afines al fujimorismo; en tercer lugar, el respeto absoluto a la libertad de prensa por parte del Ejecutivo y de la bancada de Fuerza Popular, la cual tuvo una posición hostil con los medios de comunicación durante el periodo legislativo 2016-2019; en cuarto lugar, que el Congreso de la República no será disuelto bajo ninguna circunstancia, y que el eventual gobierno de la candidata Fujimori culminará el 28 de julio de 2026, sin posibilidad alguna de mantenerse en el poder transcurrida esa fecha. Y, en quinto lugar, que el clientelismo económico utilizado por el fujimorismo durante el gobierno de Alberto Fujimori no se repetirá y se administrará el fisco con suma responsabilidad.

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