Con todo lo sucedido con la polémica ‘Ley Cotillo’, aprovechamos la oportunidad para reflexionar sobre la ley que trajo todo esto a a colación: La Ley Universitaria
No cabe duda de que el Ministro de Educación está haciendo un excelente trabajo impulsando la educación básica en todo el país y creemos que por eso merece nuestras más sinceras felicitaciones. Sin embargo, en cuanto a la educación superior se refiere no ha podido demostrar mucho liderazgo, conocimiento o al menos iniciativa. Este gobierno ha sido llevado de las narices por un militar en retiro a impulsar una ley universitaria que, a penas parcha el sistema, sin acompañarla con una política pública integral para el sector. En otras palabras, sea constitucional o no, la nueva Ley Universitaria ha sido más una respuesta desesperada a la ingente cantidad de universidades mediocres, que una reflexión sincera y profunda sobre el sistema universitario que requerimos.
En todo el proceso de reforma del sistema universitario, el Ministerio de Educación ha sido un actor secundario. No los hemos visto salir con una propuesta y todavía no le han planteado al país que es lo que quieren hacer. Solo vemos al congresista Mora exponiendo con justicia todo lo que anda mal con la educación superior. Es innegable que las universidades son utilizadas como centros proselitistas, como máquinas de dinero y que los estudiantes más pobres reciben a cambio una educación mediocre que no les permitirá, más adelante, conseguir un trabajo decente. Sin embargo, la alternativa planteada por Mora es mayor fiscalización y sanciones severas, pero ¿qué propone la cabeza del sector a esos cientos de estudiantes estafados? La respuesta es: nada.
Mientras tanto seguimos con las mismas políticas desarticuladas. Por ejemplo, ofrecemos becas a estudiantes para que vayan a las mejores universidades del mundo, pero no tenemos una política paralela para incorporarlos a la fuerza laboral cuando regresen. Aún persisten los mismos obstáculos para el reconocimiento de sus grados -tan solo pregunten a los graduados de Oxford y Harvard que deben revalidar sus diplomas en procedimientos engorrosos que pueden llegar a tomar hasta seis meses-. Para ellos la nueva ley universitaria no ha cambiado nada. Esto se suma a la absurda idea que solo los que han culminado maestrías de dos años pueden incorporarse como docentes. Es decir, no importa ni la experiencia profesional, ni las maestrías de especialización profesional que duran menos de ese tiempo establecido, como si necesariamente un pergamino específico fuera a garantizar la capacidad del docente.
También podemos revisar la gestión de las universidades. Es cierto que la ley busca la renovación de autoridades y la mejora de los mecanismos de democracia directa, pero ¿eso qué efecto tendrá en relación a la gestión de las mismas? Ninguno. Como decía Lampedusa: que todo cambie para que nada cambie. No basta cambiar las normas para elevar la calidad educativa, necesitamos una política activa que busque renovar los cuadros de gestión de las universidades, al menos en las públicas. Solo así podremos generar el ambiente propicio para atraer investigadores competentes en sus campos, porque tengamos claro que, la investigación universitaria no tiene nada que ver con la cantidad de tesis de bachiller o de titulación. Al contrario, tiene más que ver con los incentivos económicos y profesionales, así como las facilidades laborales, administrativas y de infraestructura. Si apostamos por lo segundo se podrá lograr más que con cien leyes universitarias y todas las sanciones y obligaciones imaginables.
En suma, vemos con preocupación que el Estado haya apostado todo a una ley que no refleja ni las necesidades del siglo XXI, ni las exigencias que la realidad universitaria peruana demanda. Y aquí, los “Cotillos”, las reelecciones rectorales y las universidades empresa son tan solo la anécdota de un problema profundo que no puede ser enfrentado con una ley limitada o incompleta. No basta exigirles el oro y el moro a estas instituciones educativas, luego de haberlas dejado por años a la deriva, sin el apoyo de un esquema legal y político que les permita mejorar gestiones, complementar tareas y formar una dinámica nacional académica de colaboración virtuosa (al menos entre las universidades públicas). Si eso no ocurre, haga lo que se haga, seguiremos en lo mismo.