Usted ha quedado con un amigo o amiga en tomar un café en el Starbucks de Miguel Dasso en San Isidro. Llega en su vehículo y se estaciona rápido porque anda un poco tarde. De pronto, la persona con la que se reúne es una a la que no ve hace mucho tiempo, y entonces empiezan a contarse sobre sus proyectos, sus hijos, incluso, si están de ánimo, hasta hablan de su vida sentimental. La historia no tendría nada de especial en circunstancias normales, total, esto es quizá lo que muchos de nosotros hacemos con nuestros amigos en diversas ocasiones. Sin embargo, debido a una medida tomada por el astuto alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, su cafecito cotidiano podría costarle muy caro.
Y es que dicha municipalidad distrital ha decidido multar con S/800 soles a quienes se estacionen por más de dos horas en los parqueos públicos del distrito. Así como lo oye. Si usted esta conversando muy amenamente, o en una reunión de trabajo, y de pronto, no miro su reloj o se le pasó la hora, pues se ha ganado una multa casi del valor del suelo mínimo.
La normativa contiene una desproporcionalidad en la sanción sacada del mundo de la literatura del absurdo. En este tipo de narrativa, los acontecimientos de la vida cotidiana son llevados hasta las últimas consecuencias de una forma que carece de sentido. La medida evidencia, en buena cuenta, una profunda ausencia de realidad que linda con la de Nicolás Maduro o Donald Trump.
La comuna ha respondido que esta prohibición de estacionarse por más de dos horas se debe a que la Municipalidad de Lima no les autorizó realizar el cobro por parqueo, por lo que, al no poder aplicar una tarifa y así desincentivar el uso abusivo de estacionamientos, entonces lo que busca la prohibición es una “mayor rotación” de los vehículos.
Sin embargo, la medida, además de absurda y de tener una sanción desproporcionada, sigue en su imposición una mentalidad similar a la de la Venezuela chavista: en esencia, no funciona en nada distinto a como lo hace un simple control de precios. Como a usted no le dejan cobrar, entonces transforma ese cobro en una hora máxima de parqueo para los ciudadanos. Pero, ojo, si deseo comprar más horas no puedo, ya que el Estado me lo impide. Es decir, no solo me controla el precio, sino que además raciona el producto. Alan en 1985 vuelto a nacer. Y claro, si usted no cumple con el racionamiento, el Estado le coloca a una multa de S/800 soles y se lleva su carro al deposito.
Por otro lado, este juicioso alcalde ha decidido, además, que para resarcir a los buenos vecinos del ruido de los animales multará con nada menos que S/4.000 soles a los sanisidrinos que no puedan controlar a sus perritos. Si. Más de tres sueldos mínimos o el sueldo de un maestro público. La subgerencia de la municipalidad ha defendido la medida argumentado que la multa solo se aplicará a quienes dejen abandonados a sus canes en un espacio cerrado y como consecuencia de esto se generen ruidos molestos a los vecinos. Lo que no queda claro es, sin embargo, si la multa se aplicaría por encerrar al animal o por generar el ruido. ¿Y si lo genera desde un lugar abierto entonces el ruido es menos dañino hacia los vecinos?
Lo cierto, no obstante, es que ni los propios funcionarios municipales han podido aclarar el asunto. Dejando, como en la mayoría de normas burocráticas en el país, la decisión a discrecionalidad de quien la aplica, y por tanto, en desmedro de los desprotegidos ciudadanos, quienes, sin saber bien por qué, podrán ser pasibles de una multa que les puede complicar llegar a fin de mes.
Y claro, nadie ha hablado de la desproporcionalidad evidente de la medida. Una multa de S/4000 soles por el ladrido de un perro, sin embargo, es evidentemente abusiva. No nos debería sorprender que cualquier vecino pudiese llevar dicha medida al Tribunal Constitucional y ganar con muy buen fundamento.
No sabemos bien si el alcalde Velarde hace esto porque de verdad crea en la efectividad de las medidas que aplica o porque simplemente no tiene idea de lo que está haciendo. Lo que si queda claro, por otra parte, es que, si bien no puede postular a la reelección en el distrito, su idoneidad para cualquier otro cargo de elección popular ha quedado severamente desprestigiada con estas decisiones.