El ABC de un gobierno autoritario, por Daniella Paredes

La relación entre el gobierno y la prensa no trasciende a la complicidad, salvo que el primero tenga miras a perpetuarse en el poder. De ser así, la primera víctima será la libertad de expresión, pero el ataque no será frontal, sino que estará disfrazado de excusas como: “Es por el bien de la población” o “Es necesario para el desarrollo del país”. Estos argumentos, al no generar credibilidad, vendrán acompañados de un discurso que desprestigie a la prensa, tal como lo ha hecho Perú Libre durante casi dos meses de gobierno.

Antes de la segunda vuelta electoral, este partido ya demostraba una lealtad incondicional a su ideario, el cual marca, explícitamente, su negativa a la libertad de expresión. No es sorpresa que, luego de haber llegado al poder, lo único que prime por parte del Ejecutivo sea su silencio, ni que los militantes de su partido respondan de manera evasiva a cuestiones de interés público.

Tampoco es coincidencia que los casos de agresiones físicas contra periodistas hayan adquirido protagonismo desde el nombramiento de Pedro Castillo como Presidente de la República. Este accionar, además de ser una clara muestra de abuso de poder por parte del ejecutivo, demuestra su nulo interés por cumplir con su rol de funcionario público, lo cual debería ser entendido como incapacidad para ejercer el cargo.

Es evidente entonces que lo que menos necesita un gobierno ineficiente y carente de gestión son críticas, por lo que, el viernes 17 de septiembre, el congresista de Perú Libre, Abel Reyes, presentó un proyecto de ley para controlar los contenidos de radio y televisión. A falta de fundamentos legales y frente a una propuesta inconstitucional, el legislador se refugió en la narrativa de igualdad y deseo popular para justificar su pedido, evitando mencionar lo que realmente se piensa hacer: censurar y controlar los medios de comunicación a favor de Perú Libre.

La extensión del Estado de Emergencia también fue un acierto para esta propuesta, pues pone a disposición el argumento de controlar los contenidos de radio y televisión para garantizar la paz en la ciudadanía, o, mejor dicho, la ignorancia colectiva. Este proyecto de ley no solo busca deteriorar la libertad de expresión a través de una intervención directa por parte del estado, sino que también, al ser muy genérico, marcaría un precedente para que la censura no se limite a la prensa, sino también a todo medio que brinde información en contra del gobierno.

Si bien es cierto, un número significativo de congresistas no respalda este proyecto de ley, el simple hecho de presentarlo ya es una clara señal de alerta para todos los peruanos. Un partido que aspira a la censura no debería tener representatividad en el poder legislativo, mucho menos en el ejecutivo. Y, asumir que el congreso puede garantizar que esta ley no llegue a aprobarse sería ingenuo, pues, un partido con el objetivo de mantenerse en el poder, como es el caso de Perú Libre, le sacará provecho a todos los vacíos legales que existan, y se aferrará a su visión distorsionada de “voluntad popular” para darle un carácter de urgencia a sus propuestas arbitrarias y contrarias a la democracia.

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