¿El abuso de las AFP?, por Pablo Ferreyros

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Después de sonadas discusiones y quejas, y en medio de una campaña electoral llena de promesas irresponsables, este viernes se aprobó el retiro del 95.5 % de fondos de las AFP para los mayores de 65 años. Sin que esto sea suficiente, ciertos candidatos populistas exigen el fin de la obligatoriedad del sistema privado de pensiones.  ¿Qué consecuencias traerá esta medida? ¿Qué pasaría si aportar se hace opcional? ¿Está la obligatoriedad está justificada?

 Hay que reconocer, en primer lugar, que el modelo de AFP que hoy es objeto de tantas críticas ha sido, desde que se implementó, largamente superior al corrupto sistema estatal de pensiones, habiendo mantenido una rentabilidad promedio superior al 7% los últimos 10 años según El Comercio (4/12/15).  ¿Pero si es tan bueno por qué obligarnos a usarlo? En su reciente visita a Lima, el creador del sistema de AFP, el reputado economista chileno José Piñera, reconocía que, en principio, el Estado no debería obligar a nadie a nada. La cosa, sin embargo, no se queda ahí. Con la ley que nuestro brillante congreso acaba de aprobar, por lo pronto, tendremos a un buen número de viejos que, deseoso de recompensas inmediatas o a instancias de familiares ambiciosos, despilfarraran en poco tiempo los ahorros de su publicación. ¿Qué pasaría, por otro lado, si no existiera la obligación de aportar a un sistema de pensiones, sea público o privado? Como indicaba Piñera, quienes no ahorraron y lo gastaron todo terminarían siendo mantenidos por los impuestos de quienes se privaron de ciertos gustos por ahorrar; algo a todas luces injusto.

Puede esgrimisrse, claro, el buen argumento de la existencia de otras opciones de inversión más rentables, como los bienes raíces, que podrían generar más beneficios a los trabajadores si se les permitiera invertir en ellas el dinero que deben aportar a su AFP. ¿Qué ocurría, sin embargo, si esas inversiones salen mal? Daniel Zegarra propone que debería permitirse la libre disponibilidad de los fondos de las AFP, pero que quienes retiren sus fondos -para invertirlos en algo que consideren mejor o para simplemente gastarlos y disfrutarlos en el presente- deberían automáticamente dejar de ser elegibles para cualquier ayuda estatal del tipo de Pensión 65.

La propuesta es en el fondo  la más acertada, pues no se trata de otra cosa que de asumir las consecuencias de nuestros actos. Pero, como el propio Zegarra reconoce, no es políticamente viable. Nos hemos acostumbrado –sin que ello sea necesariamente negativo- a que el Estado nos obligue a pagar impuestos no solo para darnos esos pocos servicios en cuya prestación es más eficiente que el mercado sino para ayudar a quienes de otra manera se quedarían en el aire. Esta idea está tan interiorizada que, de anularse la obligatoriedad, en veinticinco años nos resultaría inaceptable que se deje en la miseria a quienes prefirieron viajar por Europa en vez de ahorrar para su jubilación. Y así, pese a lo acertado de la propuesta de Zegarra, por presión política –y por los políticos dispuestos a aprovecharla- se terminaría haciendo realidad la preocupación de Piñera. Más aún, la atractiva posibilidad de que la jubilación propia sea pagada por otros  llevaría a que cada vez menos personas aporten y a que el sistema privado de pensiones se haga finalmente insostenible.

¿Tenemos entonces una respuesta definida? En nuestro país no se puede tomar nada por decidido sin tomar en cuenta la enorme informalidad que abarca al 74% de nuestra PEA. La obligación de aportar mensualmente a un fondo de pensiones aumenta los costos de la formalidad, y quien quiera evadirla –o a quien los costos de la formalidad le resulten mayores que sus beneficios-  podrá pasarse sin excesiva dificultad al lado informal. Ante esta situación no queda sino aumentar la eficiencia del sistema para que sea mejor percibido y bajar los demás costos de la formalidad (sobre lo que ya he hablado antes). Es necesario mejorar el sistema aumentando la competencia entre las AFP, permitiendo la diversificación de sus carteras de inversión y ampliando su base de aportantes. Podrían incluso permitirse retiros parciales para quienes tengan ahorrada una cantidad superior a un monto determinado. Pero lo que se hizo este viernes solo servirá para que el sistema de AFP en que nosotros controlamos nuestros propios ahorros colapse, teniendo que volver a un esquema de jubilaciones manejadas por el Estado. ¿No es después de todo –además de la candidata de la extrema izquierda, de quien estas pachotadas eran previsibles- Alan García, quien en su primer gobierno utilizó de caja chica los fondos de los jubilados, uno de los que critica la obligatoriedad?