El acuerdo entre la Santa Sede y la PUCP, por Daniel Masnjak

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A poco de su centenario, la Universidad Católica se ha visto envuelta en varias controversias con la Iglesia. Una de ellas ha sido si su estatuto era apropiado para una institución católica. Debe tenerse en cuenta que la PUCP no tenía estatuto respaldado por el Vaticano desde 1969, año en que la Católica convocó a una asamblea para adecuarse a la Ley Universitaria. El estatuto que resultó de ese proceso no fue aprobado por la Santa Sede. Desde entonces, se reformó varias veces y ninguna versión fue considerada apropiada.

El principal problema tenía que ver con el gobierno de la PUCP y la elección de su rector,  efectuada por la asamblea universitaria y sin intervención de la Iglesia, a diferencia de lo que ocurre en otras universidades pontificas y católicas. El arzobispo de Lima y Gran Canciller de la universidad, cardenal Juan Luis Cipriani, estuvo a cargo de una de los últimos esfuerzos desde la Iglesia para que el estatuto se modifique. En 2012, la asamblea rechazó una propuesta de reforma que hubiera terminado con el problema, argumentando que violaría la autonomía universitaria.

Fue tras esto que el secretario de Estado del Vaticano emitió el decreto reteniendo a la universidad los títulos de pontificia y católica. En aquel momento, las autoridades de la PUCP dijeron que no cumplirían con el decreto. El conflicto parecía haber entrado en un punto muerto hasta la inesperada renuncia del Papa Benedicto XVI.  En 2014, el Papa Francisco comunicó a las autoridades de la universidad que estaba dispuesto a consensuar una solución.

Para eso, nombró a tres cardenales para que estudien el conflicto. Tras su visita a Lima, se instaló un grupo de especialistas en derecho canónico que discutió posibles soluciones con las autoridades de la PUCP. El 10 de setiembre, la Católica anunció oficialmente que habían alcanzado un acuerdo. Se elaboró conjuntamente una propuesta de reforma del estatuto que sería presentada a la asamblea universitaria para su aprobación.

Básicamente, se acordó que el rector siguiera siendo elegido por asamblea, pero que tuviera como requisito ser católico y que su elección sea confirmada en Roma. También se acordó que los obispos peruanos participen en el comité electoral y la comisión de presupuesto de la universidad. Tras hacerse público el acuerdo, el rector reveló que se solicitó algunas cosas a la Santa Sede. Estas fueron:

  1. El reconocimiento de la universidad como pontificia y católica.
  2. La autorización para poder enseñar teología.
  3. El regreso de los representantes de la Conferencia Episcopal Peruana a las reuniones de la asamblea universitaria.
  4. La designación de un Director de Relaciones con la Iglesia.
  5. El fin de los juicios sobre la administración de los bienes legados por Riva-Agüero.
  6. El cambio del Gran Canciller.

La Santa Sede concedió primero el retorno de los obispos a la asamblea y el cambio del Gran Canciller. Sobre esto, ha contado el cardenal Cipriani que le manifestó al Papa su disponibilidad absoluta si consideraba conveniente el cambio. Así, este fue incluido en  la propuesta. De aprobarse, el estatuto tendría la venia de Roma y se reconocería a la universidad, nuevamente, como pontificia y católica. Además, el Gran Canciller sería el Presidente de la CEP en lugar del arzobispo de Lima.

En setiembre, la PUCP recibió la visita del cardenal Giuseppe Versaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica. El cardenal presentó la propuesta consensuada a la asamblea universitaria, que la aprobó el viernes pasado. Con la adecuación del estatuto a los requerimientos de la Iglesia, uno de sus problemas con la PUCP queda resuelto.

Está claro que la Santa Sede prefirió cambiar su aproximación al caso. Los obispos peruanos que participarán en el gobierno de la universidad no tendrán la última palabra en temas como la elección del rector o la elaboración del presupuesto, pero tendrán la oportunidad de hablar y convencer. Si enfoques similares se aplicarán  en otras “universidades rebeldes” queda por verse.

El éxito de esta propuesta dependerá de la fidelidad y creatividad de los católicos que participan del día a día de la PUCP. Por supuesto, creatividad en el sentido de encontrar nuevas formas de anunciar la siempre nueva verdad, bondad y belleza del Evangelio, no en el sentido de licuarlo. Si esto se hace apropiadamente, en palabras del cardenal Versaldi, “entonces  uno ve cómo el hielo se rompe, los muros caen”.

No obstante, de las cosas que el rectorado de la PUCP pidió, una no fue concedida: el fin de los juicios entre la Universidad y el Arzobispado de Lima. En estos se discute si la Católica cumple con la voluntad de su mayor benefactor, José de la Riva-Agüero y Osma, respecto de la forma en la que se administran los bienes que le legó (incluyendo el terreno donde se ubica el campus).

Como se sabe, Riva-Agüero fue un importante intelectual converso al catolicismo, Presidente del Consejo de Ministros que renunció por el apoyo del gobierno al divorcio por mutuo disenso. Pudo legarle sus bienes a su alma mater, la entonces tricentenaria San Marcos, pero escogió a una institución inspirada por la fe que, como dijo al anunciar su conversión, le permitió recobrar la armonía y la paz.

Su testamento dice que los bienes que dejaba debían ser administrados a través de una junta especial. Esta fue conformada inicialmente por personas que conoció y que, cuando fallecieron, fueron reemplazadas por un representante de la PUCP y otro del arzobispo de Lima, reservándose el voto dirimente al arzobispo. Sin embargo, la universidad afirma que las funciones de la junta respecto de sus bienes cesaron al vigésimo año de la muerte del historiador. El arzobispado afirma que su voluntad fue que dicha función sea perpetua.

El nuevo estatuto ha incorporado   que los mecanismos de administración de la universidad se aplican “sin perjuicio de las disposiciones y condiciones […] estipulados por los donantes”. Sin embargo, se ha anunciado que este problema seguirá abierto, pues la universidad insistirá en su interpretación del testamento. Hasta cierto punto, es razonable que la discusión siga. Ello porque tendría poco sentido negociar la voluntad del testador, no porque el cardenal Cipriani sea un malvado anti-Francisco, como se ha insistido en la universidad  cuando se esperaría algo de paz.

Que la PUCP, por la intercesión de su patrona, santa Rosa de Lima, y tal como Riva-Agüero, reconquiste la armonía y la paz por la luz de la fe, siendo así fiel a la misión que anunciara su fundador.

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