El caso Olivera y la absoluta necesidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por Henry Llanos

Hace unos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado Peruano por vulnerar los derechos de un activista LGBTI. Pero, en realidad ha venido vulnerando los derechos de todas las personas LGBTI por décadas enteras, cuando en otros países del mundo y de la región sus propios estados protegen a sus “minorías” sin necesidad que una instancia internacional los OBLIGUE a hacerlo.

Unas sencillas muestras de afecto homosexual en un centro comercial, en el año 2004, provocaron la reacción airada de un cliente homofóbico. El centro comercial se sumó a esta reacción y por más que el afectado (Crissthian Olivera) recurrió a Indecopi, a la comisión de protección del consumidor y a todas las instancias del Poder Judicial, no encontró justicia. Sencillamente desestimaron su denuncia, siendo el Estado Peruano cómplice de la homofobia.

Para más vergüenza nuestra, mucho peor ocurrió con Azul Rojas Marín en 2008, una mujer transgénero que fue violada con una vara de goma por agendes de la policía mientras proferian todo tipo de insultos homofóbicos contra ella. Ella presentó la denuncia ante la comisaría pertinente. Ni siquiera la recibieron. Recurrió a otras instancias de la misma Policía y lo mismo pasó, haciendo cómplice a toda la Policía Nacional de este acto execrable de transfobia. Increíblemente, el poder judicial archivó su denuncia por violación y abuso de autoridad. Nuevamente, una institución extranjera tuvo que impartir la justicia que no quieren impartir los funcionarios del estado peruano.

Puedo seguir relatando más casos sobre derechos humanos donde el Perú es sancionado. Y es que de todos los casos denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Perú ha perdido casi todos, saliendo ganador en uno sólo.

Para el caso de otra importante “minoría”, como los no creyentes, el asunto no es muy diferente, salvando la gravedad de los casos. A muchos se nos imponen varios cursos de religión en diferentes universidades privadas o se nos pone trabas (con información falsa o ausencia de ella) para exonerar a nuestros hijos del curso de religión en las escuelas. Se han denunciado en el Poder Judicial esta vulneración hasta en dos ocasiones, no pudiendo encontrar justicia porque en el Perú prevalece el derecho de un privado a una supuesta línea axiológica que nuestro derecho a la objeción de conciencia. Los casos de discriminación por ser explíticamente ateo en los ambito laboral y político nisiquiera se han visibilizado lo suficiente. Pero, es un hecho que deberemos recurrir también a instancias internacionales para encontrar justicia.

Así es nuestro país y nuestra sociedad, capturados completamente por males estructurales. Solamente cambiamos por la presión del entorno. Y todo esto recalca la gran importancia de seguir bajo la jurisdicción de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o suscritos al Pacto de San José. Quienes seguirán impartiendo la justicia que las derechas e izquierdas cavernarias peruanas, que desde nuestro inicio como país siguen teniendo capturado al estado, se oponen tenazmente a impartir.

Asimismo, sugiero tener muy en cuenta qué partidos políticos y grupos de poder sistemáticamente manejan el mismo discurso de salirse de la jurisdicción de las mencionadas instancias internacionales. Debemos tener los ojos muy abiertos en cuanto decidamos nuestro voto, pues es el único mecanismo legal y seguro (ya que el derecho a manifestarse aquí también es vulnerado muchas veces por las fuerzas del orden) por el cual podemos iniciar un gran cambio».

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