El caso Panorama ha encendido las luces nuevamente sobre las encomiables “incomodidades” que genera la prensa respecto al régimen de turno (y en general a todos los regímenes). A propósito de ello se han sumado – como siempre – aquellas personas que quieren señalar que esto se trataría de una persecución gubernamental hacia la libertad de prensa en venganza por los “destapes” realizados. Y no creo que esto sea así, simplemente se trata de una denuncia absurda y hasta cierto punto mal intencionada.
Para que exista una persecución como la que se quiere graficar, el sistema de administración de Justicia debería estar controlado por el régimen de turno, de manera que se vislumbre una investigación inquisitiva, abusiva y desproporcionada con un fin muy probable de condena hacia las personas denunciadas. No creo que esto se pueda dar en este caso; estoy convencido que, tarde o temprano, el caso Panorama saldrá adelante y las personas imputadas serán libradas de toda acusación penal.
Sin embargo, la cuestión del millón es la siguiente: ¿por cuánto tendrás que pasar estas personas para que – al final – se deje en claro que no hay delito? O sea, recogiendo mi frase anterior, ¿cuánto demorará ese “tarde o temprano”? Pues bien, en principio toda una investigación preliminar que puede durar un buen tiempo; “entre muertos y heridos”, no menos de un año. A eso – a la pérdida de tiempo – hay que sumar los gastos en abogados y, sobre todo, la vivencia emocional que implica tener una investigación penal encima.
Lo que me extraña de las demostraciones de rechazo desesperadas frente a una denuncia semejante, es que este tipo de casos se repiten por millones en nuestro país y nadie hace marchas para proteger a los injustamente denunciados. Parece que hace falta tener cierta exposición pública para que los demás se solidaricen con uno.
Y más allá de lo señalado, en potestad de la Fiscalía, está la plena posibilidad de cortar estos procesos absurdos e inoperantes, de raíz. Claro, es perfectamente posible que la Fiscalía, al examinar inicialmente una denuncia penal, pueda archivarla cuando esta carece de requisitos mínimos por ejemplo de coherencia. Se imagina usted ¿cuántos procesos absurdos se pondrían cortar? Con esto no solamente se evitarían denuncias maliciosas y casos de injusticia palpable, sino además se eliminaría la saturación del sistema.
Lamentablemente, ver un archivo de denuncia con esas características es como encontrarse un billete de dos dólares en la calle. En los más de quince años de carrera que tuve como abogado litigante, nunca encontré un caso así.
¿Qué hace falta? Nada, como dije, no hay norma que lo impida. Lo que sucede, es que – hipotéticamente – si un Fiscal se atreviese a hacerlo recibiría una queja más grande que el Estadio Nacional; queja que – comedidamente – sería amparada por el órgano competente. Del otro lado, podría argüirse, no sin algo de fundamento, que esa potestad de archivar sin investigación podría ser usada abusivamente también.
Es decir, una guerra de dos fuegos que evidencia una urgente necesidad de reforma total del sistema que, póngale atención al asunto, muy poco tiene que ver con normas legales. En el medio, todos aquellos quienes hemos tenido o tenemos contacto con el sistema. Por eso, bien dicen que más vale un culpable libre que un inocente preso.