El chiste de Valakivi, por Carlos Arias

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El pasado 11 de mayo el Ministerio de Defensa, a través de su procuradora, Sara Farfán, presentó una denuncia en contra de los periodistas Rosana Cueva, Karina Novoa y Jorge Ipanaqué, por haber cometido, supuestamente, el delito de revelación de secretos nacionales, al haber difundido, el pasado 17 de abril, un reportaje en donde se dio a conocer un supuesto caso de corrupción en el manejo del presupuesto destinado a labores de inteligencia policial y militar en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Pero ¿En qué consiste el supuesto delito que los periodistas cometieron? Pues bien, la revelación de secretos nacionales se encuentra tipificado en el Art. 330, y señala que:

El que revela o hace accesible a un Estado extranjero o a sus agentes o al público, secretos que el interés de la República exige guardarlos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de quince años.”

Sin embargo ¿Tiene sustento dicha denuncia? Pues bien, según el doctor Ivan Meini, especialista en derecho penal, todo estado tiene derecho a poder guardar y cuidar cierta información que resulte confidencial y resulte de interés supremo para mantener la paz. Por tanto, de ello se desprende que el bien jurídico que dicha norma protege es el de la seguridad nacional. Ahora ¿El reportaje emitido por Panorama pone en grave riesgo la seguridad nacional? En la nota que presentaron se puso de manifiesto ciertos documentos, los cuales tenían el sello de “secreto”, en donde se evidenciaban gastos indebidos, como pagos a supuestos colaboradores y consumos de algunos militares en restaurantes. Es por ello que el Ministro de Defensa, Valakivi, consideró que se estaba atentando contra la seguridad nacional, en tanto, dichos documentos poseían la condición de “secreto”.

No obstante, el Tribunal Constitucional en su sentencia N° 950-00-HD, FJ. 6, señaló que:

“El solo hecho de que una norma o un acto administrativo, (…), atribuya o reconozca la condición de seguridad nacional a una información determinada, no es razón suficiente, en términos constitucionales, para denegar el acceso a la misma; por el contrario, es siempre indispensable examinar si la información calificada de reservada reviste realmente o no tal carácter, acudiendo para tal efecto al principio constitucional de razonabilidad.”

Ahora bien, cabe recalcar que la denuncia que se plantea en dicho reportaje es sobre el delito de corrupción en el manejo de presupuesto destinado a labores de inteligencia en el Vraem, frente al supuesto delito de revelación de secretos nacionales. ¿Esto quiere decir que por “velar” por la seguridad nacional (cosa que el reportaje no pone en grave riesgo) hay que tapar los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos? No se puede llegar a la idea de que el Estado debe proteger y ocultar delitos de corrupción en lugar de hacerlos públicos y sancionarlos.

Es claro que ningún derecho es absoluto, todos admiten restricciones, y es por ello que el derecho a la libertad de expresión también los tiene. Según el Tribunal Constitucional, el último derecho mencionado, también, tiene ciertos límites, entre ellos: 1. Que la información difundida sea de interés público y 2. Que la misma sea veraz. Con respecto al primero, es claro que cualquier acto de corrupción cometido por algún funcionario público no corresponde a la esfera íntima de la persona, todo lo contrario. Y con respecto al segundo límite señalado, los periodistas, en ejercicio de su función, recogieron ciertos testimonios como el del General César Astudillo, jefe del Comando Especial del VRAEM, quien confirmó los indicios de corrupción en los pagos a presuntos colaboradores. Por tanto, se puede evidenciar que los recursos tomados por el Ministerio de Defensa no son válidos.

Esta denuncia presentada por la procuradora del Ministerio de Defensa, le está costando muy fuerte al ministro Valakivi; en tanto el presidente del Congreso, Luis Iberico, señaló en una nota para el Comercio, que ya está en circulación un documento para reunir las 78 firmas necesarias para convocar a una sesión extraordinaria del pleno con el fin de que se vote por la moción de censura contra el actual Ministro de Defensa, por la denuncia, sin mayor fundamento jurídico, interpuesta contra algunos periodistas de Panorama.

Realmente, es engorroso lo sucedido. Tratar de usar dichos recursos con un fin intimidatorio y de esa manera apañar los casos de corrupción sucedidos en el Vraem, es a ojos de todos, una medida deplorable. Creo que no hay que ser tan perspicaces para darse cuenta que el ministro está siendo utilizado, por el actual gobierno, para arremeter contra dicho programa, quienes fueron los que sacaron a la luz el tema de las agendas de Nadine.

En una última entrevista al ministro, este señaló que no renunciará a su cargo, en tanto considera que ha actuado correctamente. Como diría el dicho: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”