El costo-beneficio de la Educación, por Edmundo Del Águila

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Si bien el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación, también tiene que promover una educación de calidad que permita que los estudiantes tengan una formación que pueda contribuir al desarrollo del país.

Es evidente que los esfuerzos que realizan los Estados son insuficientes. En toda América Latina, los Estados requieren del apoyo de la educación privada para cubrir las carencias y compensar las limitaciones de la educación pública. Sin embargo, esta necesidad legítima tiene parámetros que se regulan mediante autorizaciones a cambio de conceptos de pago establecidos en la ley: cuota de ingreso, matrícula y pensión. Estas exigencias deben ir de la mano con una prestación de servicios educativos de calidad. No hay razón de ser para la educación privada si ésta no garantiza calidad educativa.

¿Es suficiente la regulación vigente con respecto a los colegios privados? Creemos que no. Es comprensible la preocupación de los padres de familia, que buscando una calidad educativa para sus hijos, optan por la educación privada, sin embargo, los colegios no estatales, en muchos casos, cobran cuotas según su propio criterio sin que los padres o alumnos tengan un claro conocimiento sobre la inversión en estos conceptos.

A pesar que el Indecopi recuerda mediante campañas anuales en ésta época del año sobre los derechos de los padres de familia, en las que se precisa, por ejemplo: “que el monto de la matrícula no puede ser superior a la pensión mensual” o “que los únicos cobros que los centros educativos pueden realizar son: la cuota de ingreso (cuando se trata de alumnos nuevos), matrícula (que se cobra una vez al inicio de año) y la pensión mensual”, vemos en la realidad, que siguen habiendo quejas por cobros inapropiados como Apafa, cuotas extraordinarias o uniformes de una marca determinada.

Dentro de mi labor parlamentaria y como miembro de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte en el Congreso de la República he presentado el Proyecto de Ley N° 1947/2017-CR, “Ley que modifica el artículo 14 de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados”, este Proyecto de Ley presenta una fórmula legal con precisiones que permitirían, por ejemplo, que “haya una información veraz, suficiente , apropiada y muy fácilmente accesible a los interesados, antes de ingresar al centro educativo”, en temas que la ley vigente no precisa. Planteamos dos casos concretos, en el Proyecto de Ley, que son imprescindibles en la información que deben manejar los interesados:

  1. “El monto, los posibles aumentos durante los once años lectivos reflejados en porcentaje, número y oportunidades de pago de las pensiones”.
  2. “El monto y la oportunidad de pago de cuotas de ingreso, la cual es reintegrada proporcionalmente, en base a la cantidad de años que el Centro Educativo Privado brindó el servicio al estudiante. Se pierde el derecho al reintegro cuando el alumno es separado del centro educativo por falta disciplinaria grave, que se encuentre estipulado en el reglamento del mismo; o se retire por bajo rendimiento académico que lo conlleve a repetir el año escolar”.

Con estos aportes, se permitirá no sólo una mejor planificación para los padres de familia, al tener una información clara y oportuna, sino también recuperar el dinero que se haya abonado por concepto de “cuota de ingreso”, por los años que no se haya recibido el servicio educativo.

En esa misma dirección, existen otras propuestas, que son bienvenidas, como el Proyecto de Ley N° 1392/2016-CR del congresista Juan Carlos Gonzáles.

Necesitamos que las políticas de Estado, vayan de la mano con las leyes que permitan un beneficio integral, tanto en la calidad educativa, como en la inversión que hacen los padres de familia pensando en el futuro de sus hijos y de nuestro país.

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