El costo de la realidad

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Un anciano huanuqueño bordea los 100 años. Desde los 50 se mudó a Lima a trabajar en una fábrica de pinturas y ha decidido dejarle a sus hijos como adelanto de herencia sus dos terrenos en Huánuco.

Una mujer, sumida en la pobreza, dejó su casa en Ayacucho y viajó a Lima con sus pocos ahorros en busca de oportunidades. Un vecino que se encuentra en Lima de visita, le ha ofrecido comprarle la casa que dejó años atrás.

Un joven empresario que trabaja arduamente para una empresa Arequipeña adquirió hace unos años un terreno en Tumbes a manera de inversión. Ha encontrado una oferta de compra de un compañero de trabajo y quiere aprovecharla.

¿Qué tienen en común el anciano, la mujer y el joven empresario? Lamentablemente, que ninguno podrá realizar la transferencia deseada.

En el mes de marzo de este año, fue aprobada por el Congreso la Ley N° 30313. Sin bombos ni platillos ni marchas por la ciudad, se aprobó como parte de esta norma una modificación a la Ley del Notariado mediante la cual se restringe las actuaciones de los notarios a su ámbito territorial. ¿Qué quiere decir ello? Simple y sencillamente que los notarios solo podrán realizar actuaciones notariales de disposición o gravamen, sobre aquellos inmuebles que se encuentren dentro de la provincia de su competencia. Si bien es cierto, esta modificación surge como una alternativa de seguridad frente a las miles de estafas por falsificación de identidad o documentos, la solución enfrenta a los ciudadanos a un problema evidentemente mayor.

Para entender mejor la norma, volvamos a los ejemplos iniciales. Nuestro amigo huancaíno tendría que viajar a sus casi 100 años de edad hasta la ciudad de Huánuco a fin de firmar ante notario, aquellos documentos que le permitan transferirle las propiedades a sus hijos. La mujer, a su vez, tendría que viajar a Ayacucho junto con su vecino para venderle su casa. Finalmente, el joven empresario tendría que pedir vacaciones que le permitan viajar a Cajamarca junto con su compañero de trabajo (quién también tendría que viajar en vacaciones) para venderle el terreno. En todos estos casos, los altos costos de transacción generarían un desincentivo determinante en los actores, de modo tal que cabe presumir que éstos se desistirían de sus actos.

Estos costos de transacción, sin embargo, no responden a externalidades positivas o negativas de los actores o de terceros, sino que responden directamente a una intervención estatal que desarrolla una normativa sin análisis alguno de costo-beneficio ni impacto social. Esta falta de análisis viene siendo un problema que arrastra el sistema legislativo peruano hace muchos años y este proyecto de ley no fue la excepción.

Sin embargo, éste no es el único monstruo que ha despertado esta Ley. El artículo 61° de la Constitución Política del Perú establece que: “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.”

Como podremos imaginar fácilmente, en el Perú existen no pocas provincias en las que un solo notario tiene competencia. Ante esta realidad, cabe señalar que la Ley materia de discusión ha creado un monopolio “sin querer queriendo”, generando que cada notario imponga precios exorbitantes en estas provincias para cada uno de los trámites notariales, pues la norma que regula la actividad notarial no impone límites ni criterio alguno para fijar los honorarios del notario. Esto conlleva a que en muchos casos, los gastos notariales superen hasta el 10% del valor del predio, imponiéndose un “tributo de facto” a favor de las notarías que generan un desincentivo a la transferencia de propiedad. Pongamos un ejemplo con un caso real: En una notaría de provincia, al solicitarse un presupuesto para inscribirse la compraventa de un inmueble de 300m2, se cotizó –solamente en gastos notariales- un monto de S/. 5,000.00. Al pedirse un reajuste a dicha cotización, el notario –sin que le falte verdad-, señaló que “ese es su precio” y si no lo paga, no podrá inscribir su compraventa. ¿No es el mismo Estado el que ha venido promoviendo la formalización de la propiedad? El Estado, en su bipolaridad, “facilita y vigila la libre competencia”, creando por Ley un monopolio con la bandera del abuso de posición de dominio que hoy se flamea a los cuatro vientos.

Lamentablemente, ese es el resultado de una legislación sin análisis previo, en un Congreso en el que el “requisito reglamentario” del análisis costo-beneficio es salteado olímpica y sistemáticamente, en el que no existe un mínimo estudio de impacto económico y social, teniendo como consecuencia lógica un sinfín de leyes sin el menor sentido de realidad. Si a ello le sumamos el inescrupuloso ejercicio de la profesión de muchos notarios, el resultado es catastrófico.

Esperemos que el Congreso advierta estos problemas prontamente, que la norma en cuestión sea modificada de forma inmediata. Hasta entonces, a sufrir las consecuencias.