El desafío del Bicentenario, por Raúl Bravo Sender

Este 28 de Julio, el Perú conmemora sus doscientos años como República independiente y Estado soberano. La fecha es especial, pero la coyuntura actual presenta desafíos, no solo para la clase política, sino fundamentalmente para la sociedad civil, la cual debe estar vigilante ante toda amenaza que socave sus derechos y libertades.

Las últimas elecciones generales han dejado al país dividido. Los actores políticos no parecen tener la vocación de tender puentes, de lo contrario, pretenden radicalizar sus posiciones como alternativa principal. Detrás de este escenario, se cierne una amenaza al estado de derecho y a la democracia que, de manera camuflada, busca introducirse por medio de una Asamblea Constituyente.

El gobierno electo, que en campaña ofreció una serie de cosas –como la de que nunca más haya pobres en un país rico- tiene la valla alta en cuanto a promesas y demandas sociales de quienes le confiaron su voto con la esperanza del cambio. Se han generado muchas expectativas. Veamos si es capaz de erigir una nación que mayoritariamente se mueve al margen de la ley y en la informalidad.

Sin embargo, más allá de lo ofrecido en las elecciones, hay que ser conscientes de lo que realmente es viable, sin que comprometa la economía de todos los peruanos: debemos cerrarle el paso al populismo. La nueva administración tiene que entender que se gobierna para todos. El poder del Estado no es un instrumento de ajusticiamiento o de revancha al adversario, por lo que el Presidente de la República debe deslindar de los sectores radicales que quieren imponer una agenda y sacar provecho a las tendencias extremistas.

Los grupos que promueven el cambio a través de una nueva Carta Magna, aprovechan el escenario de contradicciones sociales debido a la pésima gestión de la pandemia. Vociferan que el régimen de libertades es culpable de la precariedad económica, cuando en realidad, esto le ha permitido a miles y millones de peruanos salir de la pobreza y lograr el desarrollo. Cometen los mismos errores de los que adolecemos desde los inicios republicanos, esto es, querer refundar a la República por medio de un borrón y cuenta nueva  que implica dar otra Constitución.

¿Realmente esto es prioridad? No era un tema que estuviera en debate antes de la crisis sanitaria y las elecciones generales, a diferencia de la inseguridad ciudadana y la corrupción. Hoy, la vacunación y la reactivación económica son lo esencial.

En teoría, esto no es más que la aspiración de un grupo radical que, tomando partido de las frustraciones y posicionándose como el supuesto cambio, pretende instalar un régimen político con rasgos totalitarios. Los verdaderos cambios se producen todos los días en el mercado económico, cuando las personas deciden contratar tal o cual producto/servicio. No se aplican en la esfera política donde a los planificadores les gana la fatal arrogancia de decidir por todos.

Esta no es la lista de deseos o necesidades de nadie en particular. Una Asamblea Constituyente, al concentrar todo el poder sin límites, puede terminar instaurando un régimen político con características autocráticas. Es por ello que, la vigente Carta Magna, siguiendo la línea del garantismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, establece mecanismos rígidos de reforma y no contempla la posibilidad de que algún funcionario pueda convocar a una Constituyente, precisamente para ponerle freno a las aspiraciones totalitarias.

Tampoco creamos el cuento de los que hablan en nombre del pueblo. ¿A quiénes representan? En medio del Bicentenario patrio, el resguardo de la Constitución se convierte en nuestra última garantía para seguir afirmando que somos libres y lo seremos siempre.

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