El fin del mercantilismo, por Raúl Bravo Sender

La prisión preventiva de dieciocho meses dictada por el Juez Richard Concepción Carhuancho a los empresarios nacionales socios de Odebrecht (Graña Miró Quesada, Graña Acuña, Camet Piccone y Castillo Dibós), nos deja una sensación de justicia y de decepción. Justicia porque en el fondo es una suerte de venganza colectiva por los fuertes indicios de haberse aprovechado del aparato estatal y de la corrupta clase política. Y decepción, porque proviene de la clase empresarial y dirigente, que supuestamente es la llamada a conducir los destinos del país decentemente.

Al margen de ello, la prisión preventiva dictada no constituye sentencia, por lo que aún los procesados e investigados gozan de la presunción de inocencia. Sin ánimo de hacer las veces de abogado del diablo, la prensa y la opinión pública deben ser cuidadosas y cautelosas al momento de calificar hechos y conductas, pues mientras que no haya pronunciamiento sobre el fondo, no se puede determinar responsabilidades penales. Sin embargo, existe una suerte de sanción moral y de ajusticiamiento popular por parte de la colectividad contra estos personajes que representan a la aristocracia peruana, rodeada de privilegios frente a los apremios de la gran mayoría de peruanos.

Estábamos acostumbrados a ver en el banquillo de los acusados y bajo prisión a personajes comunes y corrientes y de a pie por temas de violación, robo, secuestro, narcotráfico, sicariato, y delitos afines. Parecía que las grandes esferas del poder económico eran totalmente ajenas a los pasillos del Poder Judicial y mucho menos del Penal de Ancón. Pero les llegó la hora más crítica y crucial. Sus imágenes dejaron de ser portada de las grandes ediciones de la opulencia y la plutocracia peruana. Ahora los vemos en la sección policial de los diarios nacionales y chicha. Quizás sea el momento para reflexionar sobre el fin del mercantilismo en el país.

Los dos grandes enemigos del Perú, ya lo hemos precisado en otras oportunidades, son: el mercantilismo y el populismo. El mercantilismo se reduce a la tristemente célebre frase del ex Presidente Oscar R. Benavides: “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”. Odebrecht nos ha mostrado lo inescrupulosa que puede llegar a ser nuestra clase empresarial –con honrosas excepciones-, atrincherada en los poderosos gremios empresariales, los medios de comunicación y los anunciantes. A la otra orilla, está el pequeño y micro empresario, al cual no le queda otra opción que eludir el cumplimiento de las costosas leyes, hechas precisamente a la medida de los empresarios cortesanos y lobistas.

A pesar de ello, nuestra institucionalidad democrática y el estado de derecho se fortalecen, pues todo esto es un buen síntoma en el sentido de que la justicia también puede llegar a quienes ostentan el poder económico. Aquella es igual para todos y no hace distinciones de apellido o de alcurnia. En momentos de crisis políticas entre el Congreso y el Gobierno, el llamado a poner orden y las cosas en su lugar, por justo derecho, es el Poder Judicial. Sin embargo, el sistema de administración de justicia no puede convertirse en una suerte de instrumento de revancha para mandar a prisión a unos y a otros no, sobre quienes también pesan serios cuestionamientos y dudas respecto de su honrado, honesto y correcto proceder.

Más aún, cuando desde el poder político, como es el Congreso de la República, se constituyen sendas comisiones investigadoras en paralelo a la labor investigadora del Ministerio Público y del Poder Judicial, como un aparato para, por un lado, amedrentar y callar a los enemigos políticos y, por otro, blindar a los jefes del partido político al cual se le debe la curul. El Congreso es político, y si bien ostenta constitucionalmente la función de fiscalización, cuando la misma se subordina a intereses de grupo, entonces deja de ser un poder independiente y se convierte en la trinchera de una organización. Dejemos que la justicia haga su tarea sin perderle la mirada.